IGUALA.- Al cumplirse 6 meses del ataque de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala y un grupo antagónico de la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha ejercido acción penal en contra de 22 de los 81 policías municipales de Iguala detenidos por su participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre.
El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, está recluido en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de homicidio, secuestro y delincuencia organizada; mientras que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentra encarcelada Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) numero 4, Noroeste, ubicado en El Rincón, Nayarit por ser presunta responsable de delincuencia organizada.
Los 81 policías municipales de Iguala detenidos por participar en la detección, traslado y entrega de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa al grupo criminal Guerreros unidos, de ellos 22 ya fueron sentenciados, 46 no se les ha dictado sentencia pero siguen en el penal de Nayarit sujetos a investigación, y 65 han sido liquidados conforme a lo que marca la Ley así como les han dado su baja voluntaria.
Por lo que un total de 95 policías, (de Iguala son 81 y de Cocula 14) que por el momento han sido capturados por los hechos registrados el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, incluyendo a los directores de ambas corporaciones Jesús Bruno y César Ramírez Nava, el último director de la policía de Cocula, detenido el 17 de noviembre.
Y pese a que la PGR responsabiliza al ex alcalde de iguala, José Luis Abarca, como autor intelectual de la desaparición de los normalistas, sólo ejerció acción penal por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero, el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado y por su vinculación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Además de 285 personas desaparecidas y se han hallado los restos de 71 personas (sin contar, los 28 ubicados en las primeras fosas excavadas por el gobierno estatal, donde luego fueron encontrados dos cuerpos más que los peritos guerrerenses).