A 100 días del Gobierno de AMLO: claroscuros políticos y económicos
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A 100 días del Gobierno de AMLO: claroscuros políticos y económicos

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A 100 días del Gobierno de AMLO: claroscuros políticos y económicos

bulletCambiar la forma de ejercer el poder ha sido el discurso del Presidente: su estrategia de comunicación, que implica mayor cercanía con la ciudadanía, su plan de austeridad y combate a la corrupción son su gran estandarte.

bulletEl inicio de Gobierno también ha estado marcado por las polémicas como las consultas públicas, a través de las cuales se determinó la cancelación del nuevo aeropuerto y la construcción del Tren Maya.

Mariana León
08/03/2019
Actualización 08/03/2019 - 4:50
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El lunes pasado se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a 100 días de iniciado su Gobierno, ¿qué considera que ha sido lo malo?

“¿Qué es lo más complejo?, pues empujar al animal, porque es como un elefante –con todo respeto a los elefantes– que camina muy lento, es un cuerpo de avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente”, dijo.

Y acusó que los “tecnócratas” aprendieron “fórmulas” para facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder.

“Eso fue lo que aprendieron, eso es lo que ellos piensan que debe ser el gobierno. Así como existía antes la idea de que el gobierno tenía que ser el policía para garantizar el orden y que esa era su misión principal, y dejar que las fuerzas del mercado se ocuparan de la economía y del bienestar, con la idea de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa”.

Cambiar la forma de ejercer el poder ha sido el discurso del Presidente durante estos primeros 100 días de su Gobierno.

Su estrategia de comunicación, que implica mayor cercanía con la ciudadanía, su plan de austeridad y combate a la corrupción y el apoyo a más de 28 millones de personas a través de los programa sociales son su gran estandarte.

Uno de sus primeros golpes a la corrupción fue en Pemex, cuando presentó su estrategia contra el robo de combustible, el cual, dijo, fue responsabilidad de “los presidentes del periodo neoliberal” quienes lo permitieron, por el saqueo al gobierno y porque no se le dieron opciones a la población.

El 21 de diciembre, el gobierno de López Obrador decidió cerrar los ductos para reducir el robo de combustible, además comenzó una estrategia para reforzar la vigilancia de las pipas que abastecen al país.

Andrés Manuel López Obrador pidió paciencia a la población para recuperar el dinero que se perdía por este ilícito que, dijo, ascendía a 65 mil millones de pesos anuales.

En estos 100 primeros días, el Presidente ha utilizado los fines de semana para seguir con sus giras por el país, como lo había hecho durante sus campañas, y advertir en sus discursos que el país que recibió es un desastre debido al neoliberalismo. En los estados aprovecha también para presentar algunos de sus programas sociales, que son la base –hasta ahora– de su proyecto económico, como son Tandas por el bienestar, Créditos ganaderos y Sembrando vida, los cuales se suman a sus otras políticas: Jóvenes construyendo el futuro y apoyo a adultos mayores y discapacitados.

El inicio de gobierno también ha estado marcado por las polémicas. Primero, las consultas públicas que, juntas, no superan en participación ni el 3 por ciento del padrón electoral, y a través de las cuales se determinó la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la construcción del Tren Maya (y otros 9 “programas prioritarios”) y la construcción de la termoeléctrica en Huexca.

Las críticas hacia el nuevo gobierno han venido desde la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos autónomos a quienes el Presidente ha respondido con descalificaciones.

Entre las acciones de gobierno más cuestionadas están el retiro recursos a organismos de la sociedad civil (estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas) y los recortes de personal en la burocracia (se ha despedido a 30 mil 414 trabajadores de 18 secretarías y 319 instituciones descentralizadas).

Quizá el mayor logro en el gobierno de López Obrador ha sido el consenso alcanzado en el Congreso para aprobar la Guardia Nacional, con mando civil y con temporalidad de 5 años para el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.

Este sube y baja de 100 días no ha impactado en la popularidad del Presidente que, según la más reciente encuesta de El Financiero, tiene el apoyo de 78 por ciento.

En cinco meses de labor legislativa, aunque lenta y errática, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión avanza en el diseño y aprobación de los instrumentos legales para el nuevo gobierno del presidente López Obrador.

Desarticulados con el Ejecutivo y sin coordinación entre cámaras, los diputados y senadores morenistas tienen más pendientes que logros en las dos cámaras, aunque lograron así la aprobación bicameral de la Guardia Nacional, con mando civil y un plazo de cinco años para que las Fuerzas Armadas abandonen las calles y tareas de seguridad pública.

La Guardia es el eje principal de la estrategia presidencial para el combate de la inseguridad y la violencia, y ya fue aprobada por más de la mitad de los Congresos estatales, y está en víspera de recibir su declaratoria de constitucionalidad.

Esta reforma va acompañada también con la aprobación de nuevas legislaciones en materia de extinción de dominio y de la prisión preventiva oficiosa –que amplía el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva por considerarlos graves–, que entre tumbos y reversas por desacuerdos en las bancadas guindas, sufrieron amplios retrasos.

Aunque en la 64 Legislatura el rezago aún es grande –en el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado mil 564 iniciativas y sólo se han aprobado 38, turnadas al Ejecutivo o a Congresos locales–, notables son los avances en el marco jurídico de la autollamada cuarta transformación en el rediseño de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y transformó la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar.

Destaca la aprobación –aunque frenada por la Suprema Corte– de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público debe percibir un salario mayor al del Presidente.

No menos importante fue el nombramiento en el Senado del nuevo fiscal General de la República, en la persona de Alejandro Gertz Manero, luego de un acuerdo básico para la redacción de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, a pesar de su holgada “mayoría simple” en ambas cámaras, y hasta de una “mayoría calificada” artificial conseguida con métodos poco convencionales, la aplanadora de la 4T se atasca en repetidas ocasiones, y en la nueva correlación de fuerzas requiere del salvador apoyo priista y perredista para lograr la aprobación de las reformas clave para el gobierno.

No obstante hay grandes pendientes en la mesa, como la reforma educativa y la reforma laboral.

También, la anunciada Ley de la Austeridad Republicana, que busca reducir el gasto oneroso y los privilegios de los servidores públicos; la Ley de la Consulta Popular, como el método que ha marcado el estilo del nuevo titular del Ejecutivo, y la reforma para la revocación del mandato, en medio hoy de los más alto índices históricos de aceptación del Presidente.

Con información de Víctor Chávez y Eduardo Ortega*