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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se unió a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que la propuesta de Reforma Electoral es “claramente regresiva”.
“Constituye un agravio a la vida democrática del país, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, se lee en el documento publicado este lunes.
La CEM resaltó que ningún poder tiene derecho a impulsar reformas que comprometan las fortalezas de las instituciones, y tanto el INE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son instituciones con las que el Gobierno dejó de ser “juez y parte” en la vida democrática del país.
Además, particularizó que en el caso del INE “ha madurado” y garantizado procesos justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica”.
La conferencia hizo un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión para que asuman su “responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común”.
En defensa del INE también ha salido la organización Unid@s, impulsada por el empresario Claudio X. e integrantes de partidos opositores, así como el PAN.
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Ayer, de forma contraria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al Legislativo para que revise la ley electoral y evite que el INE actúe de forma facciosa, y sea una institución confiable.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ya advirtió que una de las propuestas, la de elegir a consejeros y magistrados electorales cada seis años mediante el voto directo de la ciudadanía, es contradictoria con la premisa de la austeridad promovida por la actual administración, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional.
Si se toma como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos, que supondría una carga adicional para el sistema electoral mexicano, indica el estudio del IBD.