PERFIL: José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala que ya no será juzgado por el caso Ayotzinapa

El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto este miércoles de las causas penales de secuestro y delincuencia organizada relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras casi ocho años en prisión, un juez federal de Tamaulipas determinó que no existe evidencia plena de su responsabilidad.

Abarca, quien fue señalado por las autoridades mexicanas de ordenar el ataque policial contra los alumnos, ya no será juzgado por los hechos anteriormente señalados aunque seguirá en prisión para enfrentar dos cargos, uno por delincuencia organizada y otro por homicidio. Aquí un poco de su historia.

¿Quién es José Luis Abarca?

José Luis Abarca se desempeñó como presidente municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014.

Tras la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Abarca fue señalado por las autoridades como el responsable de ordenar el ataque policial en su contra.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Abarca Velázquez mantenía estrecha relación con el grupo criminal Guerreros Unidos y fue uno de los responsables de la desaparición de los normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los líderes de la banda.

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El exedil permaneció prófugo junto con María de los Ángeles hasta que fueron detenidos en noviembre de 2014. Ambos se habían mantenido resguardados en un domicilio ubicado en la delegación Iztapalapa del entonces Distrito Federal.

Desde entonces se mantiene recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En diciembre de 2020, un federal dictó auto de formal prisión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pese a la absolución otorgada este miércoles por falta de pruebas sobre su participación en el caso Ayotzinapa, el exedil permanecerá en prisión por el homicidio del dirigente de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, ocurrido en junio de 2013.