CARACAS.- El gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones de narcotráfico desde Estados Unidos contra el jefe de su Guardia Nacional, Néstor Reverol, y exigió a Washington evitar manipular el caso con "intereses subalternos".
Dos funcionarios venezolanos, Reverol y Edylberto Molina, exsubdirector de la agencia venezolana antidrogas ONA, fueron acusados de recibir pagos de traficantes y de ponerlos sobre aviso ante redadas de drogas, según una persona con conocimiento del caso.
La Guardia Nacional cumple funciones de seguridad interna, patrulla fronteras y lucha contra el narcotráfico.
"Venezuela expresa su más profundo rechazo a la política exterior estadounidense que, a través del terrorismo judicial, persigue, amenaza y coacciona el ejercicio del Poder Público venezolano", dijo el gobierno de Nicolás Maduro en un comunicado emitido este jueves.
"Venezuela exige al gobierno de los Estados Unidos que ajuste sus procedimientos a la legalidad internacional, evitando manipulaciones que seguramente obedecen a intereses subalternos ajenos a la correcta y segura respuesta jurídica contra el crimen", agregó el gobierno socialista.
Reverol, exjefe de la ONA y otrora ministro del Interior, sería uno de los funcionarios venezolanos de mayor rango que estaría enfrentando cargos por drogas en Estados Unidos.
Ni Reverol ni Molina, que actualmente es agregado militar en la embajada venezolana en Alemania, pudieron ser contactados por Reuters para hacer comentarios.
Por años, Venezuela ha dicho que las acusaciones que involucran a sus funcionarios en el tráfico de drogas son una campaña de Estados Unidos para desacreditar al gobierno.
Sin embargo, en una investigación de Reuters, analistas, ex funcionarios y diplomáticos aseguraron que el país caribeño se ha convertido en una ruta importante para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa y que los narcos han permeado las Fuerzas Armadas.
Los fiscales estadounidenses tienen abiertas acusaciones contra al menos cinco ex funcionarios venezolanos por delitos de narcotráfico, las cuales han sido formuladas en los últimos cuatro años, según los registros de los tribunales de distrito de Florida y Nueva York.