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El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha ofrecido amnistía a los militares por los abusos cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro. Para muchos en el atribulado país, la oferta tal vez vaya demasiado lejos.
Críticas inesperadas han dejado a Guaidó con problemas para conseguir el respaldo de la Asamblea Nacional, que él encabeza, y el proyecto de ley destinado a persuadir al centro de poder crucial de la nación para que se una a su causa se estanca.
La resistencia de opositores de línea dura y organizaciones de derechos humanos ha trabado la medida incluso mientras Guaidó y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llaman a los soldados a abandonar el régimen.
Mientras esto pasa, el alto mando militar reiteró el martes su lealtad a Maduro.
El lento avance del proyecto de ley no es solo un paso en falso político a corto plazo para Guaidó, sino que también refleja profundas divisiones sobre cómo dejar atrás un período de represión marcado por encarcelamientos, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El autoproclamado presidente encargado señaló que su proyecto de ley de amnistía perdonará las acusaciones de abusos contra soldados que lo ayuden a derrocar a Maduro, de 56 años. La polémica reelección del mandatario el año pasado llevó a Guaidó, de 35 años, a declararse líder legítimo de la nación en enero.
Sin embargo, el proyecto legislativo también podría absolver a los perpetradores de tráfico de drogas, corrupción e incluso genocidio, según Acceso a la Justicia, un grupo de Caracas.
Al respecto, Human Rights Watch criticó el mes pasado la medida por sus disposiciones abiertas y la falta de un proceso definido.
Es "demasiado vaga, demasiado general y debería corregirse", afirmó el diputado opositor Omar González de Lechería, en el noreste del país. Señaló que se deberían especificar qué delitos se excluyen y, sobre todo, que las personas involucradas en corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado no deberían ser perdonada.
Guaidó y sus partidarios intentan postergar el debate sobre concesiones difíciles, según Geoff Ramsey, analista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entidad de investigación a favor de los derechos humanos.
"La oposición no quiere comprometerse a un acuerdo de amnistía más específico porque saben que sería muy impopular dentro de su base. Quieren posponer el debate hasta después de que haya ocurrido una transición", planteó Ramsey.
Guaidó no devolvió mensajes telefónicos enviados el martes para conocer sus comentarios sobre la amnistía.
¿Y por qué la prisa?
Edgar Zambrano, vicepresidente de la asamblea, explicó que el proyecto de ley no promoverá la inmunidad general, mientras que las violaciones de derechos humanos serían manejadas por los tribunales regulares.
El legislador agregó que no hay apuro pues el régimen de Maduro ha anulado rutinariamente todas las medidas de la Asamblea Nacional.
"Si aprobamos la ley mañana, no significa que todos los presos políticos y exiliados serán libres y regresarán al país", aclaró. "La ley será efectiva solo después de que haya una transición de poder".
Muchos venezolanos desesperados por deshacerse de Maduro consideran que la amnistía es una medida inevitable.
"El proyecto de ley es un precio que la sociedad tiene que pagar", manifestó Lourdes Martínez, una abogada de 27 años. No obstante, tras años de violaciones documentadas de los derechos humanos, con miles de personas arrestadas desde que Maduro tomó el poder y docenas de muertes bajo custodia, ciertos aspectos de la ley generan cuestionamientos.
"No estoy de acuerdo con que debamos perdonarlo todo", señaló Arantza Jiménez, ingeniera de Caracas de 29 años. "Han ocurrido tantas injusticias. Estoy de acuerdo en que debería haber algunos incentivos para quienes estén dispuestos a colaborar, pero no para perdonar a todos los responsables de esta crisis".
El camino entre la discusión del proyecto y la aprobación de la ley de amnistía estaba destinado a ser complicado. Maduro pasó el año pasado por encima de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, al crear la Asamblea Constituyente, que es políticamente omnipotente y está llena de sus partidarios.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, también conformado por miembros designados por Maduro, anula cualquier ley aprobada por el órgano legislativo opositor.
En cualquier caso, los parlamentarios de la Asamblea Nacional han informado que participaron en "consultas públicas" desde que el proyecto de ley se debatió por primera vez el 22 de enero, un día antes de que Guaidó sacudiera al régimen de Maduro al autoproclamarse presidente encargado.
Una medida tan urgente por lo general se aprobaría dentro de un par de semanas, pero la amnistía todavía debe ser debatida por segunda vez antes de una votación. Guaidó, como presidente en ejercicio, lo firmaría, pero el Tribunal Supremo y una parte importante de la población no reconocen su autoridad.