Tribunal Supremo venezolano 'en el exilio' pide a PGR detener a Maduro
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Tribunal Supremo venezolano 'en el exilio' pide a PGR detener a Maduro

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Tribunal Supremo venezolano 'en el exilio' pide a PGR detener a Maduro

El magistrado Rommel Gil dijo que el presidente venezolano fue condenado a 18 años y tres meses de prisión por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

Redacción
21/11/2018
Actualización 21/11/2018 - 14:14
Magistrado venezolano en el exilio, Rommel Gil.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El magistrado del 'Tribunal Supremo en el exilio', Rommel Gil, pidió este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser señalado por corrupción.

De acuerdo al documento que entregó a la PGR, Maduro fue condenado a 18 años y tres meses de prisión por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

Ahí también le pide su colaboración para confiscarle bienes.

Maduro visitará la capital del país para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Hace unos días, el mismo Tribunal en el exilio pidió a la Interpol emitiera la 'ficha roja' de Maduro para que fuera detenido.

Días después, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, abriópara “enjuiciar” al presidente.

Los magistrados del Tribunal así como la exfiscal Luisa Ortega Díaz huyeron de Venezuela, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente los destituyera.

El autollamado 'Tribunal Supremo en el exilio' sentenció a Maduro por su vinculación con hechos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, proceso que encabezó Ortega Díaz desde Colombia.

La agrupación está integrada por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado tras ser elegidos por la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.

La exfiscal también ha emprendido acciones contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

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