PALMA.- España vivió ayer un día histórico con el inicio del primer juicio contra un miembro de la monarquía desde su restauración en 1975. Se trata de la infanta Cristina de Borbón, quien es acusada de evasión fiscal dentro del llamado caso Nóos, en el que se señala como principal responsable a su esposo Iñaki Urdangarin y 16 implicados más.
En la primera jornada del juicio, el Tribunal desahogó las cuestiones previas, trámites, procedimientos y solicitudes de las partes, como la petición de que a la infanta le sea aplicada una jurisprudencia que le permita no volver a sentarse en el banquillo de los acusados.
Además, rechazó que acudan a declarar como testigos el actual rey Felipe VI y su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón, como pedía el abogado de uno de los principales acusados, Diego Torres.
La presidenta del Tribunal, la magistrada Samantha Romero, anunció que tratará de atender primero la cuestión vinculada a la petición sobre Cristina, por lo que volvió a convocar a la siguiente sesión el 9 de febrero. A los 18 enjuiciados se les acusa de malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad de documentos y fraude fiscal.
El esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, a través de la que se realizaron operaciones que dieron lugar a dichos delitos.
En concreto se trata de actividades con los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que se transferían fondos públicos.
La hermana de Felipe VI está acusada como "cooperadora necesaria" de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su esposo en los años 2007 y 2008, que suponen una pena máxima de ocho años de cárcel.
REDUCCIÓN DE FIANZA
En el juicio realizado en la Escuela Balear de Administración Pública en Palma de Mallorca, la defensa de Cristina, la fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron no enjuiciarla.
El Tribunal admitió un informe de la Agencia Tributaria que presentó el fiscal Pedro Horrach, el cual la exonera de los delitos fiscales, y en su defensa alegó que "la única respuesta judicial posible" a la infanta es archivar la acusación en su contra.
Asimismo, el abogado defensor de la hermana del rey, Jesús María Silva, presentó otro informe que también fue admitido por el Tribunal, el cual rebaja a 50 mil euros la fianza de responsabilidad civil de más de medio millón de euros que ya había depositado en el juzgado.
La defensa también pidió le sea aplicada la llamada "doctrina Botín", una jurisprudencia de 2007 que avaló que el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusado de operaciones irregulares de crédito, no podía ser llevado a juicio si solo la llamada acusación popular sostenía los cargos, como sucede en el caso de la Infanta que sólo es acusada por la organización Manos Limpias, pero no por Hacienda ni la Fiscalía.