:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/TQVBTHJYMXLDRGRUIJL7G66O2I.jpg)
Un tribunal de Guatemala absolvió este lunes al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales, quienes estaban acusados de corrupción en un caso que golpeó la popularidad del mandatario y que abonó a la salida del país de la CICIG, una comisión contra la impunidad apoyada por Naciones Unidas.
La fiscalía solicitaba una pena de hasta 11 años de cárcel para Samuel "Sammy" Morales, hermano y consejero político del gobernante, por fraude y lavado de dinero; y de hasta ocho años de prisión por fraude para José Manuel Morales, hijo mayor de los cuatro que tiene el presidente.
"No se demuestra ninguna intencionalidad de defraudar al Registro General de la Propiedad, no tuvo conocimiento del hecho", dijo el juez Jaime González sobre el hijo del mandatario durante la audiencia donde se dio lectura a la sentencia.
En enero de 2017, la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a ambos por supuestamente facilitar facturas falsas que sirvieron para defraudar 12 mil dólares al Registro de la Propiedad en 2013, antes de que Morales fuera electo.
Estos pagos simularon un servicio de catering que nunca se dio y que se usó para cobrar canastas navideñas que la entonces madre de la novia de José Manuel vendió a esa institución. Ambos fueron privados de libertad por menos de un mes hasta que se les concedió prisión domiciliaria y una multa de unos 13 mil dólares.
"Yo no debo probar mi inocencia porque soy inocente", dijo, entre sollozos, Samuel Morales en julio durante su última intervención antes de la sentencia.
El caso golpeó fuertemente a Morales, quien llegó a la presidencia con el lema "Ni corrupto, ni ladrón". A partir de allí, el mandatario se enfrascó en una batalla contra el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, a quien declaró "persona non grata" antes de no renovar el mandato de la comisión, que vence en septiembre.
El mandatario ha negado que su enfrentamiento con la CICIG -que también lo investigó- fuera una vendetta personal y la ha acusado de sembrar el "terror judicial".