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Patrick Crusius, de 21 años de edad, fue acusado oficialmente de asesinato capital por el tiroteo del pasado 3 de agosto que dejó 22 muertos, ocho de ellos de origen mexicano, en un Walmart, informó ayer el fiscal de El Paso, Jaime Esparza. La fiscalía quiere que se aplique la pena de muerte a Crusius, que permanece preso sin derecho a fianza.
Los defensores del atacante no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones. El abogado Mark Stevens dio a conocer previamente que recurriría a "todas las herramientas legales disponibles" para evitar la ejecución de Crusius.
Los fiscales señalaron que Crusius, residente de Allen, Texas, – quien condujo casi diez horas desde Allen hasta El Paso– para cometer la matanza en ese supermercado se entregó a la policía después de la matanza. Dijo en ese momento "soy el que disparó", y añadió que su blanco eran los mexicanos.
En ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que se estaba estudiando pedir a la Unión Americana la extradición del acusado.
En otro documento, los fiscales alegan que Crusius es el autor de un manifiesto en que llama a "una respuesta a la invasión hispana de Texas" publicado poco antes de la matanza.
Sobrevivientes de la masacre han realizado vigilias en varios lugares de la ciudad, incluso frente a la cárcel en el centro de El Paso donde Crusius permanece aislado de otros presos y bajo vigilancia preventiva de suicidio.
El asesinato capital es el cargo más alto estipulado en el estado de Texas y se castiga con la pena muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, en caso de que el acusado sea hallado culpable.
Al mismo tiempo, autoridades federales planean presentar cargos por separado por asesinato, penado con la pena capital. El Departamento de Justicia investiga el atentado como un acto de terrorismo nacional y delito de odio.
La matanza ha provocado indignación entre los partidarios del control de armas y los defensores de los inmigrantes, así como una reacción política.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, reconoció semanas después del ataque que "se cometieron errores" cuando envió un mail de recaudación de fondos en el que alentó a sus partidarios a "tomar el asunto en nuestras manos" y "defender" Texas. Abbott ha prometido invertir en una fuerza de tareas contra el terrorismo interior y ha insinuado que apoyaría una ampliación de la averiguación de antecedentes de quienes quieran comprar armas. Se ha negado a regular la venta de fusiles de uso militar como el que utilizó Crusius, según las autoridades, en El Paso.
El vicegobernador texano, Dan Patrick, provocó la ira de la Asociación Nacional del Rifle la semana pasada, al expresar su apoyo a la averiguación de antecedentes para obtener armamento.
Días después del tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a su país para que condene "el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco". El mandatario republicano no propuso una reforma al control de armas durante la rueda de prensa que se llevó en la Casa Blanca: "Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas". Sin embargo, horas antes, instó a través de Twitter a que los congresistas aprueben cambios legislativos que impongan "fuertes" requisitos y procesos de verificación para comprar armas de fuego.
De hecho, hasta agosto pasado, mes en el que se realizó el ataque, se registraban 249 tiroteos masivos durante 2019 en todo Estados Unidos, de acuerdo con la estadística del Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro que clasifica los incidentes de violencia armada en la Unión Americana.