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Se está redactando un nuevo acuerdo para el Brexit, asegura canciller español

Josep Borrell dijo que se está avanzando en lograr un consenso respecto de la separación de Reino Unido de la Unión Europea.

Un nuevo acuerdo para el Brexit ya se elabora en Bruselas, según el ministro de Asuntos Exteriores de España, toda vez que la Unión Europea busca un lenguaje tranquilizador que pueda convencer al Parlamento británico de respaldar el trato.

La primera ministra Theresa May volverá a Bruselas este miércoles, en busca de cambios al acuerdo de divorcio. Pese a que líderes de la UE se han mostrado pesimistas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que el Brexit le hace perder tiempo, el ministro Josep Borrell ve avances. Una cumbre en Egipto que se celebrará el domingo se considera una posible oportunidad para negociar.

"Creo que el acuerdo se está elaborando ahora, sin tener que ir a Sharm el-Sheij para hacerlo", comentó Borrell en una entrevista en el palacio del ministerio en Madrid. "Hay contacto todo el tiempo".

La UE ha dicho en varias ocasiones que no renegociará el acuerdo de salida para volver a redactar la parte más polémica: el llamado 'backstop' irlandés, que busca evitar una frontera dura en Irlanda tras el divorcio.

En su lugar, trabajan en un texto legal o interpretaciones legales que puedan asegurar al Reino Unido sobre los riesgos que el 'backstop' representa para la capacidad británica de liberarse de las normas de la UE a largo plazo.

"La posición de la UE es que el tratado no se reabrirá, pero puede ser interpretado o complementado con explicaciones que puedan ser satisfactorias", indicó Borrell. Se mostró cauteloso en cuanto a si lo que se ofrece será suficiente para los políticos del Reino Unido.

May envió a su asesor legal de mayor jerarquía, el fiscal general Geoffrey Cox, a dialogar con funcionarios en Bruselas.

La mandataria espera que de estar satisfecho con los cambios, el fiscal pueda convencer a los partidarios del brexit para que también los respalden.

El objetivo es someter un acuerdo a votación en el Parlamento lo antes posible y si eso no se consigue antes del 27 de febrero, se corre el riesgo de que los parlamentarios le arrebaten a May el control de todo el proceso.

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