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Realizará Cataluña consulta pese a fallo

El Tribunal Constitucional suspendió el referéndum independentista; sin embargo, el Ministerio del Interior de España enviará a mil 500 policías a Cataluña para vigilar la región el domingo.

BARCELONA. El Tribunal Constitucional español suspendió ayer la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña convocada para el próximo domingo por la Generalitat, que en claro desafío advirtió que mantendrá la votación "con todas sus consecuencias" y demandará al gobierno central por "vulneración de los derechos fundamentales" de los catalanes.

"Todo está listo para el 9 de noviembre por lo que el gobierno catalán mantiene el proceso participativo, más claro ni el agua.", dijo en rueda de prensa el portavoz de la presidencia, Francesc Homs.

Además anunció que presentaron ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, por atentar contra el derecho a participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica de los ciudadanos de Cataluña.También convocará para el viernes a una reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

La reacción de la Generalitat tuvo lugar poco después de que el pleno del Tribunal Constitucional acordara por unanimidad suspender cautelarmente la votación del domingo, convocada por el presidente de la región, el nacionalista conservador Artur Mas, luego de que a petición del gobierno central, el mismo tribunal ordenó en septiembre pasado suspender un referéndum independentista oficial impulsado por la Generalitat.

En un primer momento, el gobierno de Rajoy pareció no darle mucha importancia a la consulta alternativa. Sin embargo, decidió impugnarla porque, según un informe del Consejo de Estado, no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas.La Constitución española dictamina que la soberanía recae en el conjunto de los ciudadanos españoles, y no en una parte de ellos, en este caso los catalanes.

La suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional declara la nulidad de todos los actos ya desarrollados como la cesión del uso de Ayuntamientos, los formularios o el fichero de participantes que ya tenía preparado para la consulta, pero también declara en suspenso todos los que se pudieran realizar en el futuro con el mismo propósito.

Las preguntas que se pretendían realizar eran: "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no". A continuación, y en caso afirmativo, habría una segunda cuestión: "¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no".

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría confió en que Cataluña acate la resolución judicial. "La ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que cumple o lo que deja de cumplir", dijo.

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