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El exgobernante de facto de Guatemala, Efraín Ríos Montt, fue sentado hoy en el banquillo de los acusados para responder por cargos de genocidio y deberes contra la humanidad, luego de 30 años de esfuerzos para someterlo a la justicia.
"En este momento se declara abierto solemnemente el presente debate", dijo alrededor de las 10:05 horas (16:05 GMT) la titular del Tribunal A de Mayor Riesgo, Yazmín Barrios, con lo inició el debate por los cargos contra Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983.
Barrios dio lectura a la resolución contra los recursos legales interpuestos a última hora por la defensa y la estrategia del cambio de abogados defensores, que pretendían postergar la apertura del juicio.
Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, también general retirado, de 67 años, exjefe de inteligencia y colaborador en el gobierno de facto, son protagonistas a partir de este día del primer juicio por genocidio en Guatemala.
Los dos ancianos militares son acusados por la matanza de 1,771 indígenas en operativos del Ejército contra la guerrilla entre 1982 y 1983 en la zona del llamado Triángulo Ixil, departamento de Quiché, la región más golpeada por la pasada guerra interna.
La audiencia efectuada en la Sala de Vistas del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de la ciudad de Guatemala, comenzó como estaba previsto a las 08:30 horas locales (14:30 GMT) y menos de dos horas después se inauguraba el histórico juicio.
Ríos Montt, general retirado de 86 años de edad, recibió con aparente serenidad, pero con una expresión dura, la orden de la jueza de abrir el inédito juicio.
El abogado Francisco García Gudiel, quien se presentó como nuevo abogado defensor del militar con lo que intentó postergar el inicio del debate, enfrentó a la jueza Barrios y pidió un cambio de juzgado por considerar que la magistrada no era imparcial.
El recinto lució repleto de allegados y simpatizantes de los militares, sobrevivientes y familiares de las víctimas del pasado conflicto armado interno (1960-1996), en su mayoría indígenas que resaltaron en la sala por su tradicional vestimenta.
También asistieron decenas de periodistas nacionales y de medios extranjeros y activistas de derechos humanos, así como funcionarios internacionales que acudieron a la audiencia como "observadores".
Ana Menchú, hermana de la Premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, declaró que se vivía un "hecho histórico" por la apertura del juicio y que luego de 30 años de gestiones ante la justicia "por fin fue llevado Ríos Montt a los tribunales".
Representantes de defensores de los derechos humanos coincidieron en señalar el "hecho histórico" de someter a los tribunales al general retirado para que responda por las matanzas de indígenas que "ordenó como parte de su feroz lucha contra la guerrilla".
Por su parte, la hija del ex dictador Zury Ríos Sosa, ex diputada y heredera del liderazgo político del militar, denunció que se politizó el proceso y que su padre es víctima de una persecución y linchamiento políticos.
Afirmó que la izquierda y las entidades de derechos humanos guatemaltecas y extranjeras, que "dicen apoyar la reconciliación" en la época de postguerra, lo que buscan es venganza.
"La venganza no es justicia", a los detractores de la figura militar y política de Ríos Montt "no les importa el proceso legal y promueven una campaña de linchamiento político", puntualizó.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, manifestó en un comunicado su beneplácito por que el juicio "sin precedentes" contra el exgobernante de facto y su exjefe de inteligencia por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Confió en que este "juicio histórico" marque el comienzo de "una justicia esperada durante muchos años por las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el violento conflicto en Guatemala".
Pidió que en el juicio contra Ríos Montt se tomen "todas las medidas necesarias para asegurar que jueces, fiscales, abogados y otros actores involucrados estén protegidos de intimidaciones y represalias".
Según la acusación del Ministerio Público, Ríos Montt es responsable de planes militares como "Victoria" y "Tierra arrasada" que ordenaron en contra de comunidades indígenas sospechosas de colaborar con la guerrilla, lo cual fundamenta el cargo de genocidio.
El gobierno y la guerrilla de Guatemala firmaron el 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz que terminó 36 años de guerra interna que causó más de 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos, principalmente indígenas.
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