BRASILIA.- LA Cámara de Diputados de Brasil aprobó el domingo en la noche el inicio del proceso de juicio político, que tendrá como siguiente escenario el Senado.
En la Cámara alta, otra votación podría suspenderla del cargo por 180 días para entregárselo al vicepresidente Michel Temer, quien culminaría el mandato hasta 2018 y a quien la presidenta acusa de ser parte de una conspiración en su contra.
Si los legisladores votan en contra de destituirla, las gestiones para separarla del cargo quedarían canceladas. Cualquier proceso subsiguiente tendría que comenzar desde cero.
Sin embargo, sondeos publicados por los diarios locales sugieren que la oposición tiene los votos necesarios para lograr la mayoría simple en el Senado el mes que viene y abrir así un juicio contra Rousseff, lo que significaría su suspensión del cargo.
El Gobierno de la presidenta se comprometió este lunes a combatir el juicio político.
"La presidenta no se desanimará y no dejará de luchar", comentó el jefe de la Abogacía General de la Unión, Jose Eduardo Cardozo, que representa al Gobierno, en una conferencia de prensa a primeras horas del lunes.
El Gobierno dijo que peleará en varios frentes, apelando en contra del voto en el Supremo Tribunal Federal, organizando protestas callejeras contra la impugnación y buscando asegurar los votos en el Senado para bloquear el proceso.
"Si alguien piensa que se va a someter ahora, se están engañando", comentó Cardozo.
La presidenta de Brasil afronta el juicio político por las acusaciones de que incumplió las normas fiscales.
Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.
Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares.
La disputa por la impugnación, que ocurre en medio de la peor recesión en el país desde 1930, ha dividido a la nación de 200 millones de habitantes de forma más profunda que en ningún otro momento desde el fin de la dictadura en 1985.
También ha provocado un agrio enfrentamiento entre Rousseff, una exguerrillera comunista de 68 años, y Temer, de 75, que podría desestabilizar a cualquier futuro gobierno y hundir a Brasil en meses de incertidumbre.
Pese al malestar por el creciente desempleo, el gobernante Partido de los Trabajadores aún goza del apoyo de millones de brasileños de clase trabajadora, que respaldan los programas sociales que permitieron a sus familias salir de la pobreza durante la última década.
Las celebraciones se desataron en la noche del domingo, después de que los diputados propinaron el duro revés a Rousseff. La Cámara baja era un mar de banderas brasileñas y los puños se alzaban mientras varios parlamentarios llevaban en andas al diputado que protagonizó el decisivo voto número 342, después de tres días de maratonianos debates.
Sao Paulo y Río de Janeiro, las principales ciudades de Brasil, se iluminaron con fuegos artificiales tras la votación, que fue finalmente de 367 votos a favor del juicio político, 137 votos en contra y siete abstenciones. Dos legisladores no acudieron a votar.