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¿Qué pasa con Bukele? Primero Biden no lo recibe; ahora diputados piden destituirlo por incapacidad mental

Los legisladores piden que se active el artículo 131 inciso 20 de la Constitución para que declare la incapacidad física o mental del presidente salvadoreño.

SAN SALVADOR.— Diputados opositores pidieron este martes a la Asamblea Legislativa iniciar un proceso para evaluar la incapacidad física o mental del presidente Nayib Bukele para luego destituirlo; en tanto que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó reunirse con él la semana pasada, según se dio a conocer el lunes.

"O estamos ante un delincuente o estamos ante un loco, estamos ante un trastornado que carece de facultades para ejercer el cargo", dijo al presentar la moción el diputado Ricardo Velásquez Parker de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La petición del diputado de Arena fue respaldada por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Para avanzar debe ser avalada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, controlada por estos partidos políticos. De ser así, sería la primera vez que ocurra en la historia del país.

"Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados 'defensores de la democracia' mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario, a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80 por ciento de sus curules", respondió casi de inmediato en su cuenta de Twitter el presidente Bukele.

"Pueden estar de acuerdo con este Gobierno o no. Pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable: Destapar ante todos que Arena y el FMLN en realidad son aliados, los intereses que defienden son los mismos. En realidad, son lo mismo", agregó el mandatario.

Velásquez Parker pide que se active el artículo 131 inciso 20 de la Constitución para que con al menos dos tercios de los votos de los diputados electos (56), se declare la incapacidad física o mental del presidente, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea.

La Comisión Política y la Asamblea Legislativa está controlada por los partidos Arena, FMLN y PDC, que cuentan con 63 de los 84 diputados y si no cambian de opinión podrían llevar la petición al pleno para su aprobación.

La abogada y analista política, Tahnya Pastor, criticó la decisión de los diputados y dijo que "hace falta cinco médicos dispuestos a violar su juramento y cometer delitos para emitir tal dictamen unánime. Y no, esos médicos que manifiestamente expresaron y expresan su odio hacia el presidente no pueden formar parte de la comisión. Están jugando con fuego".

Por su parte, el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG especializada en contraloría social, dijo a la AP que pese a que esta es una atribución de la Asamblea Legislativa, "debe ser manejado con total seriedad, con total responsabilidad por las consecuencias políticas que pueden derivarse de hacer uso de esta prerrogativa", y sostuvo que esa medida tal vez no sea la más conveniente, sobre todo en un momento preelectoral.

Escobar no cree que si los diputados proceden para tratar de destituir a Bukele "vamos a ver a todo el pueblo en las calles enardecido, pero obviamente veríamos a los simpatizantes del presidente, sobre todo del partido Nuevas Ideas realizando accione de protesta".

Los diputados también aprobaron un pronunciamiento en que reiteran la recomendación al presidente Bukele de destituir al ministro de Defesa, contraalmirante René Francis Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por el ingreso de militares y policías al palacio legislativo el 9 de febrero de 2020. También acordaron notificar al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos.

Antes que se presentara la petición de los diputados opositores, el expresidente Mauricio Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien le otorgó asilo político, dijo en su cuenta de Twitter que "para el FMLN, ARENA y PDC: Existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea legislativa y otros delitos. Dos, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar".

El 28 de febrero, 5.3 millones de salvadoreños acudirán a las urnas para elegir 262 consejos municipales, 84 diputados de la Asamblea Legislativa y 20 diputados al Parlamento Centroamericana. Arena y el FMLN han gobernado el país en los últimos 30 años, pero según todas las encuestas el partido Nuevas Ideas de Bukele podría ganar la mayoría de las alcaldías y también tomaría el control del Congreso.

Biden rechaza reunión

En tanto, el gobierno del presidente Biden rechazó una solicitud de reunión con Bukele durante un viaje no anunciado a Washington la semana pasada, dijeron el lunes tres personas al tanto de la decisión.

Bukele realizó el viaje, el cual no había sido reportado previamente, después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió en una entrevista con un medio noticioso salvadoreño que el gobierno de Biden preveía tener "diferencias" con el mandatario centroamericano.

Bukele no tardó en acoger las duras políticas migratorias del expresidente Donald Trump que restringían las solicitudes de asilo, lo que le valió un enorme respaldo en Estados Unidos por su estilo de gobierno en El Salvador, donde goza de popularidad. Pero al igual que otros dignatarios que tuvieron una estrecha relación con Trump, enfrenta dificultades para ajustarse al gobierno de Biden, el cual pretende revertir muchas de esas medidas y ha indicado que su relación con El Salvador está bajo revisión.

El sorpresivo viaje del presidente en medio de la pandemia representó un dilema para funcionarios estadounidenses. Se les avisó con poco tiempo de anticipación y están evitando en buena medida las reuniones presenciales debido al coronavirus y a que muchos altos cargos siguen vacantes, señalaron las tres personas, quienes se encuentran en Washington y hablaron bajo condición de anonimato a cambio de revelar tomas de decisiones internas.

Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no utilizara ningún encuentro como una muestra de respaldo antes de las elecciones legislativas de finales de este mes, en las que busca extender su autoridad, indicaron las fuentes. Sin embargo, hicieron una excepción con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien se reunió con altos funcionarios de Biden en Washington 11 días antes de los comicios presidenciales de la nación andina.

Bukele insistió en que el viaje fue privado y que no solicitó ninguna reunión con funcionarios de Biden.

¿Qué "presidente del mundo saldría de viaje con su esposa y su pequeña hija para sentarse en Washington y pedir reuniones indiscriminadamente para que se lleven a cabo de inmediato? Eso ni siquiera tiene sentido", comentó en un mensaje de texto.

Ninguna de las tres personas precisó cómo se realizó la solicitud del encuentro. Sin embargo, aseguraron que la decisión de no reunirse con Bukele fue deliberada.

A pesar de que el gobierno de Biden espera eventualmente incluir a Bukele en su plan de cuatro mil millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, también tiene serias preocupaciones sobre su respeto al Estado de derecho y la democracia, añadieron las personas.

"Claramente, las condiciones han cambiado para Bukele", dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, en Washington. "Su popularidad en El Salvador no lo aísla del escrutinio legítimo en Washington en torno a su historial sobre derechos humanos y el respeto al Estado de derecho".

La oficina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental indicó que el gobierno de Biden valora lo que considera una sólida relación entre El Salvador y Estados Unidos, y que trabajará estrechamente con sus aliados para atender los desafíos que enfrenta la región. Un portavoz se negó a emitir comentarios adicionales.

Durante su visita a Washington, Bukele se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó la canciller Alexandra Hill, quien no viajó junto al mandatario.

La OEA, que el año pasado anunció que enviaría una misión de observadores a El Salvador para los comicios legislativos del 28 de febrero, no respondió a una solicitud de comentario ni difundió algún comunicado sobre la visita. Almagro por lo general tuitea sobre los encuentros que sostiene con dignatarios, y el mismo día en que se reunió con Bukele promovió su participación en una conferencia vía Zoom con diplomáticos colombianos.

Bukele asumió la presidencia en 2019 como candidato independiente y con la promesa de rescatar a El Salvador de las profundas divisiones causadas por la violencia de las pandillas y por una corrupción sistémica tanto en gobiernos de izquierda como de derecha tras el final de la guerra civil en 1992.

Los sondeos señalan que una abrumadora mayoría de los salvadoreños aprueba la mano dura de su gobierno, a la que se atribuye la reducción en los elevados niveles de violencia. Se prevé que sus aliados obtengan la mayoría en las elecciones legislativas de este mes.

Pero los demócratas, y algunos republicanos, critican cada vez con mayor frecuencia a Bukele por sus tácticas intimidatorias, entre las que se incluye haber enviado a las fuerzas armadas a rodear el Congreso el año pasado para ejercer presión sobre los legisladores en una votación sobre el presupuesto para el combate a las pandillas.

Durante el fin de semana, dos representantes demócratas, Norma Torres y Albio Sires —presidente de la Subcomisión para América Latina de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja_, le enviaron una carta a Bukele en la que lo exhortaron a "no avivar divisiones en busca de un beneficio político".

Los legisladores enviaron la misiva luego de que dos personas que volvían de un mitin del partido opositor izquierdista FMLN fueran asesinadas el 31 de enero. La policía ha arrestado en calidad de sospechosos a dos miembros del FMLN y a un guardaespaldas que trabaja en el Ministerio de Salud.

Tanto Bukele como sus opositores aprovecharon el confuso incidente, que permanece bajo investigación, para lanzar acusaciones mutuas de incitar a la violencia política.

"Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan", tuiteó Bukele poco después de los asesinatos, en respuesta a las críticas que lanzaron sus opositores en redes sociales de que los homicidios fueron por culpa de su retórica. "Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción".

La semana pasada, el gobierno de Biden anuló acuerdos bilaterales que firmó Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala que requerían que solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos fueran a alguno de esos tres países centroamericanos a buscar protección.

Una iniciativa aprobada el año pasado con apoyo demócrata suspendió la ayuda de Estados Unidos a El Salvador destinada a financiar la adquisición de equipo militar estadounidense. El Departamento de Estado también debe entregar dentro de los próximos seis meses una lista pública de individuos corruptos en Centroamérica que serían sujetos a sanciones, una medida que podría incluir a algunos de los políticos más influyentes de la región.

Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el mes pasado que se prevé que el gobierno de Biden tenga "diferencias" con el presidente de El Salvador y que cualquier mandatario que no esté dispuesto a combatir la corrupción no será considerado un aliado de Estados Unidos.

Los comentarios de González tenían mayor peso debido a que fueron sus primeras declaraciones como director de políticas de la Casa Blanca para América Latina y porque fueron realizados durante una entrevista con El Faro, un medio de comunicación al que Bukele critica frecuentemente.

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