PARÍS.- El gobierno de Francois Hollande aprobó añadir el artículo 36.1 a la Constitución que prevé que el estado de excepción pueda ser decretado por el Consejo de Ministros en parte o la totalidad del territorio por un periodo máximo de 12 días en caso de "peligro inminente causado por graves ataques al orden público", como los atentados del 13 de noviembre en París, o en caso de grave catástrofe natural, rechazando las críticas sobre los alcances que podría causar para las libertades individuales.
"En honor a la verdad, hay que repetir que la amenaza no ha sido nunca tan elevada y los que afirman lo contrario se equivocan y no persiguen asegurar más nuestra democracia y nuestro Estado de derecho", declaró el primer ministro Manuel Valls, dirigiéndose a los detractores de esta reforma que consideran que atenta contra las libertades individuales.
El estado de emergencia permite a los representantes del Estado realizar registros, arrestos domiciliarios y disoluciones de asociaciones sin permiso de la autoridad judicial, bajo la simple sospecha de amenaza para la seguridad pública.
El régimen de excepción estaba regido hasta ahora por una simple ley y era susceptible de ser cuestionado delante del Consejo Constitucional, lo que ya no será posible una vez que se realice la reforma.
Según el ministerio del Interior francés, los cerca de 3 mil registros llevados a cabo desde los últimos atentados, perpetrados por el Estados Islámico (EI), se tradujeron en 346 detenciones, 297 arrestos provisionales y 51 personas encarceladas.
El proyecto del gobierno será sometido a la aprobación del Parlamento a partir del 3 de febrero. Para que sea adoptado, el texto debe obtener una mayoría especial de un tercio de los diputados y senadores.
Valls precisó que en la modificación constitucional se mantuvo además la posibilidad de privar de la nacionalidad francesa a todos los binacionales nacidos en Francia y condenados de manera definitiva por "crímenes contra la vida de la nación", incluyendo actos de terrorismo.
La privación de la nacionalidad existía en Francia, pero únicamente para los binacionales que adquirieron la nacionalidad a lo largo de su vida. Su extensión a los binacionales nacidos en Francia fue reclamada por la oposición de derechas y de extrema derecha.