CARACAS.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó el antejuicio de mérito contra 8 magistrados (seis principales y dos suplentes) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con la petición se abre la posibilidad de eliminar la inmunidad de los magistrados para iniciar un juicio en su contra.
Ortega Díaz acusó a Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también a los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves de haber "incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal", explicó la funcionaria.
La fiscal exigió a los acusados inhibirse o en su defecto su recusación.
De igual manera, introdujo un amparo cautelar en el que solicita la separación del cargo de los magistrados.
ACTÚAN POR CAPRICHO
"No puede ser que el TSJ actúe conforme a lo que le gusta o no, por capricho, conspirando para cambiar la forma republicana.
No puede ser que hoy no me gusta la Asamblea y la elimino; mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino, mañana no me gusta otro organismo y yo lo elimino, necesitamos seguridad", dijo.
Las acciones se suman a la solicitud de remover a 13 magistrados y 20 suplentes designados por la anterior Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015 introducida el pasado lunes.
El grupo es el autor de las sentencias que anularon trabajo del Parlamento desde su juramentación.
En la sesión ordinaria de la AN inició el proceso de designación de nuevos magistrados del TSJ, para darle continuidad a las decisiones de la fiscal.
Adicionalmente, una docena de fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay respaldaron la actuación de su par en Venezuela.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los ataques contra la Ortega Díaz.
"Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal", indica el documento.
La fiscal denunció ser objeto de hostigamiento por altos funcionarios del gobierno a través de los medios de comunicación públicos.
Además, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a todo su gobierno por lo que pudiera sucederle a su familia o allegados, quienes han recibido amenazas en los últimos días.
En respuesta a los recursos legales interpuestos por la fiscal, el diputado Pedro Carreño, del partido oficialista, pidió ante el TSJ la conformación de una junta médica que evalúe el estatus mental de Ortega Díaz.