CIUDAD DE MÉXICO. Un grupo especial compuesto por 15 expertos entre forenses, abogados, detectives y criminalistas, investigará el deceso de Antonio Zambrano Montes la semana pasada a manos de policías de Pasco, Washington, en el último caso registrado de muerte por uso excesivo de la fuerza contra mexicanos en Estados Unidos, que desde 2006 suman 74, de los cuales sólo en nueve las autoridades ordenaron el resarcimiento del daño a los familiares de las víctimas, sin incluir necesariamente una sanción a los agentes involucrados.
En entrevista con El Financiero, Reyna Torres, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó que la unidad especializada, creada en respuesta a la carta diplomática que el gobierno de México envió al condado de Franklin, donde se ubica la ciudad de Pasco, aclarará la muerte del michoacano de 35 años, abatido a balazos después de que supuestamente arrojó piedras en un calle transitada a automovilistas y los oficiales.
En paralelo, detalló, se seguirá un proceso judicial para el que se busca apoyo de organismos civiles como El Proyecto de Derechos para Inmigrantes del Noroeste, a fin de que no quede impune el posible delito cometido contra Zambrano Montes.
La averiguación, cuyo resultado se conocerá en dos meses, fue confirmada a NBC por Dan Blasdel, jefe de forenses de Franklin, quien expuso que se realizará "por la indignación de la comunidad hispana, en la que se dice que hay un encubrimiento".
Informes de la cancillería indican que desde 2006 un total de 74 mexicanos han perecido en incidentes en los que participaron oficiales estadounidenses; 26 de ellos perdieron la vida a manos de la Patrulla Fronteriza y 48 ante autoridades adscritas a departamentos de policía, oficinas del sheriff y agencias estatales de caminos. Todavía hay 16 casos por resolver, uno de ellos registrado hace 14 años; los demás, 51, concluyeron sin que hubiera consecuencias legales para los efectivos que intervinieron.
Los policías utilizaron armas de fuego, descargas eléctricas, técnicas de asfixia e incluso aplastamiento con caballos para "someter a los connacionales, que en la mayoría de los casos estaban desarmados o sólo portaban piedras", resalta la SRE. Entre los mexicanos que salvaron la vida en episodios de violencia excesiva se encuentra Jesús Castro Romo, a quien en 2010 un elemento de la Patrulla Fronteriza le disparó en la espalda mientras recogía una piedra para arrojarla a sus compañeros. El 5 de febrero, en Tucson, el juez federal de distrito James Soto otorgó 500 mil dólares de compensación a Castro Romo, quien intentó entrar ilegalmente a EU cruzando el desierto de Arizona con otros inmigrantes.
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DEFENSA PROPIA
El agente Abel Canales argumentó que abrió fuego en defensa propia, después de que Castro Romo lo amenazó con una piedra. Grupos defensores de indocumentados, como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (CNDI), exigieron al gobierno mexicano tomar acciones más enérgicas que un simple reclamo diplomático, para impedir que la suerte de Zambrano Montes se repita sin que nadie pague.
"Casos como este se siguen repitiendo, no estamos contra los policías sino contra la injusticia y el continuo uso de la fuerza, que es una violación a los derechos humanos", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del CNDI.