BRASILIA.- Gleisi Hoffmann, exjefa de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, habría recibido sobornos relacionados con el escándalo de corrupción de la firma pública Petrobras, señaló el juez federal Sergio Moro, al solicitar a la Suprema Corte que autorice abrir una averiguación que involucra a la ahora senadora del Partido de los Trabajadores (PT), todavía muy cercana a la mandataria, y al Ministerio de Planificación, que dirigió su esposo, Paulo Bernardo.
Moro indicó que al parecer Hoffmann obtuvo dinero de Consist, una empresa de consultoría que presuntamente ayudó a desviar fondos del Ministerio de Planificación; uno de sus abogados, Guilherme Goncalvez, fue quien recibió el dinero en 2011, según documentos incautados en su oficina. Las evidencias también implican a Bernardo, titular de la dependencia en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que después trabajó con Rousseff como ministro de Comunicaciones.
Hoffmann aseguró que desconocía la relación de Goncalvez con otros clientes o cualquier donativo que haya hecho esa firma para su campaña al Senado. Jefa en 2011-14 del equipo del Palácio da Alvorada, no ha sido formalmente acusada, pero su nombre aparece en una lista con decenas de políticos que son indagados por el caso Petrobras (operación Lava-Jato o Lavado de Auto) que la Suprema Corte reveló en marzo.
Aunque todavía no está claro si la nueva averiguación manchará la ya deteriorada imagen de Rousseff, se trata de "muy malas noticias" para ella, "justo cuando está haciendo todo lo posible para reducir la crisis", dijo Thiago de Aragao, analista de Arko Advice.
Además, Ivan Vernon Gomes Torres Júnior, exasesor del diputado Pedro Correa, llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar como testigo protegido sobre la presunta recolección de fondos para la campaña legislativa de Rousseff en 2010 a cargo de Antonio Palocci, exministro de Hacienda. Torres Júnior es acusado por el Ministerio Público Federal de usar una "funcionaria fantasma" incrustada en el equipo de Correa para desviar más de 600 mil reales.
Rousseff ha insistido en que desconocía el esquema de sobornos por contratos con sobreprecio en Petrobras, que se extendió a otras áreas de la administración, como Eletrobras, a cargo del suministro eléctrico, y las principales empresas de ingeniería del país, como Odebrecht y el Grupo Andrade Gutierrez. Sin embargo, encabezó el consejo directivo de la compañía en 2003-2010, periodo en que se produjo la mayoría de los ilícitos, antes de presentar su candidatura como senadora por el PT.
La semana pasada fiscales acusaron formalmente a los dos primeros políticos del escándalo, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, y el senador Fernando Collor de Mello, expresidente de la república que dimitió en 1992 para evitar su destitución legislativa o impeachment por otros cargos de corrupción.
Rousseff ganó un respiro en otro frente, luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión, máxima instancia fiscalizadora, le concedió 15 días más para responder a dos nuevos cuestionamientos por irregularidades en las finanzas del gobierno en 2014. La corte empezó la revisión en junio, pero el ministro relator Augusto Nardes consideró que el plazo debe extenderse para aclarar la apertura de créditos mediante bancos públicos sin permiso del Congreso, una práctica conocida como "pedaleo fiscal" que para la administración de Rousseff no es ilegal y se acostumbra desde hace mucho tiempo.