Los problemas de corrupción en Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) que han perseguido a los gobiernos del PT intensificaron su dimensión internacional a fines de 2014, con la demanda interpuesta el 24 de diciembre en la corte federal de Manhattan, Nueva York, por un grupo de inversionistas contra la empresa y su ejecutiva en jefe, Maria das Gracas Silva Foster, por el esquema de sobornos al que aludió ayer la presidenta Dilma Rousseff.
La demanda presentada por el despacho Labaton Sucharow a nombre de la ciudad de Providence, Rhode Island, exige resarcir los 98 mil millones de dólares que se invirtieron en bonos de Petrobras desde 2010 y sostiene que la empresa cometió "inexactitudes materiales" acerca del valor de sus activos en los documentos de oferta. No requiere demostrar que dichas inexactitudes se efectuaron con dolo y permite a los demandantes identificar como acusados a los bancos brasileños e internacionales que administraron la venta de los bonos.
Además, a diferencia de las querellas previas interpuestas por inversionistas norteamericanos que adquirieron Certificados de Depósito Estadounidenses (ADR) vendidos por Petrobras en Nueva York, enumera entre los acusados a Silva Foster, titular desde 2012 de la firma y otros altos funcionarios.
En la bolsa de Sao Paulo, las acciones de Petrobras cayeron 4.5 por ciento, empujadas en paralelo por el anuncio de la agencia Moody's de revisar su calificación crediticia para una posible degradación. Hasta ahora 39 personas han sido indiciadas en Brasil por cargos de corrupción, lavado de dinero y extorsión en la empresa, cuyos fondos se desviaron al financiamiento ilegal del PT y sus aliados en el Congreso.