HUEPETUHE. Cerca de mil 500 policías y soldados peruanos hicieron una incursión sorpresiva en la que destruyeron maquinaria con valor de 20 millones de dólares para detener las actividades ilegales de minería que han causado graves daños ecológicos en la región selvática de Madre de Dios.
La operación fue la primera desde que se decretó una prohibición a la minería ilegal que entró en vigor el 19 de abril. Fuerzas de seguridad acompañadas de fiscales destruyeron retroexcavadoras, generadores de electricidad y bombas de agua en el distrito de Huepetuhe, que ha experimentado un auge en la explotación de minerales desde la década de 1980 y en el que existen dos calles llenas de burdeles y numerosas tiendas donde se vende maquinaria.
Algunos edificios adyacentes quedaron en llamas debido a las explosiones, sin que se informara de heridos. Policías y soldados desalojaron los campamentos antes de iniciar la destrucción.
"Estamos utilizando métodos y estrategias diseñados especialmente para evitar la violencia", dijo Daniel Urresti, un antiguo general del ejército, quien estuvo a cargo de la operación. "No ha habido ni un solo herido", agregó.
En el estado de Madre de Dios hay unas 40 mil personas dedicadas a la minería ilegal, la mayoría se ubica cerca de la vital autopista Interoceánica que une al océano Pacífico con Brasil.
Los mineros utilizan toneladas de mercurio para procesar el oro que extraen de la tierra y han devastado los bosques y envenenado los ríos en una región de gran biodiversidad en la que también viven tribus indígenas aisladas voluntariamente.
Huepetuhe está flanqueada por un páramo de 1.5 por 16 kilómetros en el que se taló el bosque tropical. Algunos beneficios mineros en Huepetuhe son legales.
El equipo destruido se encontraba en las afueras del pueblo o en un río cercano. Entre la maquinaria había 15 retroexcavadoras, 45 motores de gran tamaño usados para extraer agua de los ríos y nueve dragadoras, dijo Urresti. La minería en ríos está prohibida en Perú.
Antes de que se cumpliera el plazo el gobierno comenzó a reducir las entregas de gasolina para la maquinaria minera de Madre de Dios. Entre las medidas empleadas para acabar con la mimería ilegal se incluye la confiscación de oro ilegal en los aeropuertos domésticos y la destrucción mediante explosivos de las refinerías de oro ilegales en las ciudades costeras de Chala y Nazca.
Mineros resistieron la operación y chocaron con la policía, además de que bloquearon el paso de manera intermitente en la autopista Interoceánica en las semanas previas al 19 de abril. Un minero murió y más de 50 resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego durante esos enfrentamientos.
La minería ilegal aporta el 20 por ciento de las exportaciones peruanas de ese metal y la mayoría de los mineros son migrantes pobres que proceden de las zonas andinas. Algunos peruanos temen que al cerrar esa actividad el gobierno esté jugando con fuego.
"La gente va a sufrir hambre", dijo Luis Otzuka, presidente de la organización Fedemin, que representa a los mineros informales. "Éste es un gobierno dictatorial, autoritario".
Dijo que su grupo enviará una delegación el martes a Lima, la capital del país, para apelar el cierre de operaciones.
"En el transcurso de esta semana habrá paros", dijo Otzuka. "El gobierno está arrasando con todo en el corredor minero. La idea es acabar con la minería en Madre de Dios".
El minero Joel Macedo parecía desconsolado al observar la maquinaría quemada en el campo donde trabajaba.
"¿A dónde iré a trabajar ahora? ¿O quieren que sea delincuente?", preguntó.
Urresti dijo que el gobierno emitirá pronto un decreto para invertir 35 millones de dólares en proyectos de obra pública en la región para ofrecer empleo a los mineros en las áreas de agricultura, ecoturismo y otras.
"Entendemos que no vamos a acabar con la minería ilegal sin resolver (primero) el problema social", dijo.
El gobierno no planea desalojar por la fuerza a los mineros de los asentamientos irregulares en los que viven, señaló Urresti.
Opinó que el gobierno simpatiza con los mineros y que está más interesado en los empresarios detrás de esa industria ilegal. El gobierno, sin embargo, ha prometido que los identificará y los perseguirá.
"Los ilegales para mí son las 50 personas que están financiando todo esto. No son los jornaleros que hacen todo el trabajo duro, bajo condiciones peligrosas y que son envenenados con mercurio", dijo.