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Quito. Una jueza de Ecuador ordenó el jueves prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, dentro de una investigación sobre la entrega de presuntos aportes ilegales de "empresas contratistas del Estado" a la campaña de su movimiento político entre 2012 y 2016 para asegurar contratos de infraestructura.
Este es el segundo caso en el que se dicta prisión preventiva a Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017. La fiscalía tiene abiertos unos 11 expedientes contra el expresidente. La nueva investigación incluye delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho sobre unos 22 exfuncionarios y empresarios.
"Ordeno la prisión preventiva (...) para asegurar la comparecencia a juicio", dijo jueza Daniella Camacho al leer su resolución contra Correa y cuatro exfuncionarios de su gobierno.
La Fiscalía acusó al exmandatario de liderar una "red ilegal" para captar fondos de empresas contratistas del Estado para algunas campañas electorales de Alianza País para luego adjudicarles contratos de obras de infraestructura.
La jueza también dictó prisión preventiva contra el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de seis años por la red de sobornos de Odebrecth en Latinoamérica.
Además, la jueza pidió que se notifique a la Interpol para que capturen a los exfuncionarios que se encuentran fuera del país, entre ellos Correa. Para el resto de acusados, prohibió su salida del país y la retención de sus cuentas bancarias.
La fiscalía dijo en su acusación que dentro de la investigación se identificó un depósito de 6.000 dólares que habría recibido Correa en su cuenta personal en un banco local, pero no específico de donde provenían esos fondos.
"Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado 6.000 dólares del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de 500 dólares mensuales).¡No sean ridículos", explicó Correa en su cuenta de Twitter.
Correa ha negado las acusaciones y ha dicho que todo se trata de una persecución del presidente Lenín Moreno, su heredero político, quien tomó distancia desde que llegó al poder en mayo del 2017.
En julio del 2018, la justicia ecuatoriana dictó orden de prisión preventiva contra el exmandatario por el caso de un supuesto secuestro a un político opositor y meses más tarde fue llamado a juicio penal, que no ha podido iniciarse porque se encuentra fuera del país