El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatía este miércoles infructuosamente durante varias horas la crisis política y social que atraviesa Venezuela, mientras en Caracas el gobierno convocó a una marcha en rechazo al intervencionismo extranjero.
El argentino Juan Arcuri, quien ejerce la presidencia rotativa del Consejo Permanente, declaró un receso para que los estados miembros se decantaran por un texto propuesto por Venezuela, otro apoyado por una veintena de países o si terminan consolidando ambos proyectos de resolución en un tercer texto.
Los dos textos presentados coinciden en apoyar gestiones para lograr el diálogo, pero Venezuela insiste en que debe llevar la iniciativa en cualquier debate sobre su situación.
El embajador venezolano Bernardo Alvarez dijo que "no quiero desestimar a los 25 países que han trabajado informalmente por un texto, pero ese texto no fue conocido ni trabajado con el país involucrado, que hoy presenta un proyecto de declaración. Sería absurdo presentar un proyecto de declaración en la que el país involucrado no participó en la negociación formal".
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La sesión del Consejo Permanente estuvo convocada por Argentina, y no responde a la solicitud formulada la víspera por el secretario general de la OEA Luis Almagro para que entre el 10 y 20 de junio tenga lugar una sesión extraordinaria apelando al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Argentina convocó el lunes a un Consejo Permanente extraordinario y se adelantó así a Almagro que había anunciado para esta semana la presentación de su informe y la decisión de si activará la Carta Democrática.
La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina Susana Malcorra dio a entender que su país no estaría dispuesto a respaldar la aplicación de la carta en una conferencia de prensa que ofreció en Buenos Aires. "La aplicación de la carta no necesariamente sirve para resolver los problemas", sostuvo la diplomática.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia que el presidente Nincolás Maduro adoptó el 13 de mayo.
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"La CIDH recuerda al Estado venezolano su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y reitera su llamado a garantizar un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país, como parte de su derecho a vivir en una democracia respetuosa del estado de derecho, la separación de los poderes y con plena vigencia de los derechos humanos", dijo la comisión en un comunicado.
Entretanto, varios miles de seguidores del gobierno y empleados públicos marcharon en el centro de la capital en respaldo al mandatario Nicolás Maduro y para condenar la invocación de la Carta Democrática Interamericana que la víspera efectuara Almagro.
La marcha oficialista culminó con una concentración en el palacio de gobierno a la que asistió Maduro.
El presidente dijo que Venezuela no es dominada "por la OEA ni por la basura del secretario general Almagro", y anunció que el sábado se realizarán "grandes movilizaciones" en todo el país contra "el títere del imperialismo Luis Almagro".
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó en una rueda de prensa que la advertencia de Almagro busca la intervención militar en el país sudamericano.
Según la canciller venezolana Almagro hizo un "uso fraudulento" al invocar la Carta Democrática Interamericana porque en el caso de Venezuela "no hay ruptura del orden constitucional".
En relación con el informe de 132 páginas que presentó Almagro sobre la situación en el país, Rodríguez lo consideró un "informe pirata" que tuvo como fuente algunos mensajes de Twitter de los opositores venezolanos.
"Desde el punto de vista administrativo este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela", dijo la canciller al acusar a Almagro de haberse dedicado en su primer año de gestión al frente del organismo continental a "una campaña de hostigamiento" contra el país sudamericano.