Este año entró en vigor en Estados Unidos un beneficio poco conocido y aprovechado por las personas que buscan regularizar su situación legal y residir ahí de manera permanente. Se trata de la "discreción fiscal o de procedimiento" (PD), que además de congelar los juicios migratorios, permite tramitar permisos de trabajo y licencias de manejo, así como afiliarse a la seguridad social.
Los únicos excluidos de ésta medida, anunciada en noviembre por el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), son aquellos inmigrantes que hayan purgado alguna sentencia por delitos cometidos en EU, quienes sean sospechosos de haber ingresado para delinquir y aquellos que tienen lazos con el terrorismo. A pesar de ser un "alivio" ante la amenaza de deportación, sólo uno de cada 50 indocumentados que son detenidos lo conoce, explicó Yanci Montes, abogada del grupo de apoyo El Rescate, con sede en Chicago.
"Definitivamente ––aseveró–– es una medida muy desperdiciada, porque si bien no es un camino para obtener la residencia legal o la ciudadanía, sí representa una alternativa, ya que permite obtener un permiso de trabajo y un número de seguridad social. Detalló que de acuerdo con datos de El Rescate, no más de 500 inmigrantes han solicitado la PD en toda la Unión Americana. "Ni siquiera he escuchado que algún mexicano se haya apegado a ella para evitar ser deportado, no se conoce pese a que no hay restricciones a nacionalidad, edad o sexo", añadió.
Montes reconoció, sin embargo, que entre sus desventajas se cuenta el hecho de que el DHS puede reabrir el procedimiento de expulsión en cualquier momento, sobre todo si se comete algún ilícito, dejando al migrante en un "limbo" legal.
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