BARCELONA.- La Fiscalía General del Estado anunció este lunes que se querellará por cargos de rebelión, sedición y malversación contra miembros del destituido Gobierno de Cataluña y del órgano rector del parlamento local, que la semana pasada permitió una votación para declarar la independencia.
De acuerdo con la ley española, estos delitos podrían ser castigados, respectivamente, con penas de hasta 30, 15 y seis años de prisión.
El fiscal general del estado, José Manuel Maza, dijo que pedirá a los jueces que adopten medidas preventivas contra los funcionarios, pero no aclaró si entre ellas estaría su detención inmediata y envío a prisión hasta el juicio.
Una de las demandas contra los cesados dirigentes se presentó en la Audiencia Nacional. En ella se incluye al expresidente Carles Puigdemont y a su número dos, Oriol Junqueras, aunque Maza no los mencionó por su nombre.
En su querella, Maza define el delito de rebelión como el "más grave que puede cometerse contra el Estado y sus "principales instituciones". Asimismo, agregó que "con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista".
La segunda de las querellas, que afecta a los miembros de la mesa del parlamento de Cataluña, entre ellos la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, se presentó ante el Tribunal Supremo
En España, algunos cargos electos, como los legisladores regionales, gozan de un cierto grado de inmunidad y solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal del país.
Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6 millones 207 mil 450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.
Maza presentó los cargos en una breve aparición televisiva en Madrid en la que no admitió preguntas de los reporteros.
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El destituido líder catalán Carles Puigdemont huyó a Bruselas sin previo aviso a los altos directivos de su partido, dejándolos sin definir qué hacer en su ausencia, según un representante del partido.
Puigdemont se encuentra en Bélgica con miembros clave de su anterior Gobierno, donde se espera que soliciten asilo, según la persona que estuvo presente este lunes en una reunión de altos directivos de la colectividad.
Puigdemont no dejó ninguna directriz sobre si el partido debería participar en las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de acuerdo a la fuente.
Puigdemont y sus exfuncionarios podrían formar un gobierno en el exilio, una estrategia que ayudaría a mantener vivas las esperanzas de los partidarios de la independencia, según la persona. Al mismo tiempo, otros miembros pelearán las elecciones programadas para el 21 de diciembre.
En tanto, el jefe de transporte regional, Josep Rull, publicó en Twitter una foto suya trabajando en su oficina, pero luego se le vio abandonar el edificio, afirmando que asistiría a una reunión de su partido y continuaría con su agenda.
Otros líderes regionales no acudieron a sus oficinas, aunque algunos trabajadores sí lo hicieron. Uno de los 140 altos funcionarios nombrados directamente por el Gobierno saliente describió la situación como "normal" y dijo que aún no había recibido ninguna carta de despido.
"Nosotros, los funcionarios, queremos que todo sea normal. Las cosas tienen que continuar. El trabajo diario todavía tiene que hacerse", dijo el funcionario, que trabaja con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
Clima político
Mientras, la vuelta al trabajo de los funcionarios catalanes tras la intervención del Gobierno español transcurría con normalidad y la calma reinaba en las calles pese a los llamados a la desobediencia civil de políticos secesionistas.
Aunque algunos trabajadores del sector público todavía tienen que decir a sus nuevos jefes si aceptarán sus órdenes, los primeros indicios de que las medidas excepcionales aprobadas para frenar la independencia se están afianzando eran un alivio para los mercados financieros, que subían durante la sesión.
Cataluña, una región próspera que tiene su propio idioma y cultura, desencadenó la mayor crisis de España en décadas al celebrar un referéndum independentista el 1 de octubre, que los tribunales españoles calificaron de ilegal.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, asumió el control directo de la región el pasado viernes, despidió a la totalidad de su gobierno secesionista y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros del Gobierno catalán, incluido Puigdemont, dijeron que no aceptan la medida y que solo los catalanes pueden despojarlos de sus cargos.
Los principales grupos cívicos detrás de la campaña independentista habían llamado a una desobediencia civil generalizada y dijeron que trabajadores del sector público como profesores, bomberos y policías deberían rechazar las órdenes de las autoridades centrales.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores comenzó de forma normal su jornada laboral y no había señales de un ausentismo generalizado. La mayoría de los líderes depuestos no llegó a desafiar directamente a las autoridades nacionales y tampoco había señales de manifestaciones espontáneas.
Partido secesionista catalán acudirá a elecciones
El portavoz de uno de los partidos que conformaban el Gobierno secesionista de Cataluña, cesado por el Gobierno central en Madrid a consecuencia del proceso independentista, anunció este lunes sus planes para presentarse a las próximas elecciones regionales.
Los legisladores de Esquerra Republicana de Catalunya, o ERC, y sus socios en la coalición gobernante aprobaron el viernes una declaración de independencia de España con el apoyo de otros parlamentarios separatistas.
"Encontraremos la manera de participar el 21D. Ha de ser una oportunidad más para consolidar la república", dijo el portavoz de ERC, Sergi Sabria, a periodistas tras una reunión de la dirección de la formación.
Con información de Reuters, Bloomberg y AP