SEATTLE.- Un juez confirmó el llamado impuesto a la violencia por armas, con lo que rechazó una demanda de la National Rifle Association y otros grupos que defienden la posesión de pistolas y fusiles.
El juez Palmer Robinson de la Corte Suprema del condado de King descartó los argumentos de que el impuesto en Seattle, adoptado a mediados de este año, está por encima de la autoridad municipal bajo la ley estatal.
La medida —una de tan solo un par de su tipo— añade 25 dólares al precio de cada arma de fuego que se vende en la ciudad, así como de 2 a 5 centavos por bala, según el tipo. Con ella las autoridades esperan recabar hasta 500 mil dólares al año para ayudar a contrarrestar los costos de la violencia con armas. La medida está programada a entrar en vigor el mes entrante.
"La NRA y sus aliadas siempre se oponen a estas medidas de sentido común que ponen los reflectores sobre la epidemia de la violencia por armas de fuego", dijo el presidente del Consejo Municipal, Tim Burgess, quien hizo la propuesta. "El juez Robinson vio a través de los distorsionados esfuerzos de la NRA de poner las ganancias de la industria de las armas por encima de la seguridad pública".
La NRA (siglas en inglés de esa organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas) no respondió de inmediato a una llamada en busca de un comentario, pero otro de los demandantes, la Fundación de la Segunda Enmienda con sede en Bellevue, prometió una apelación inmediata. Los grupos argumentan que la ley estatal coloca la responsabilidad de regular las armas de fuego únicamente en manos de la legislatura, no en los gobiernos locales.
La segunda enmienda constitucional protege el derecho de las personas a poseer y portar armas.
"Es irrazonable que el alcalde Ed Murray y el Consejo Municipal introduzcan en el código lo que equivale a intolerancia social contra los vendedores de armas de fuego y sus consumidores", señaló el fundador de la Fundación de la Segunda Enmienda, Alan Gottlieb, en un comunicado por escrito.
Pero el juez encontró que la medida encaja dentro de la autoridad fiscal de la ciudad y no es una regulación inadmisible.