En medio de algunos incidentes de violencia, que anticipan el escenario que podría vivirse el próximo domingo en Cataluña, la Guardia Nacional decomisó ayer tres millones de papeleta y seis millones de sobres que serían utilizados en el referéndum separatista.
El decomiso fue hecho en una bodega de Igualada, Barcelona, donde se hablaba por la noche de la agresión por parte de desconocidos con una bomba molotov contra el cuartel de la Guardia Nacional, para recuperar la papelería.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont rechazó categóricamente, de nueva cuenta, el último esfuerzo del gobierno en Madrid para cancelar la consulta, y en un claro desafío, reiteró que es el Govern quien asumirá la responsabilidad del referéndum.
"Siéntanse libres de esa responsabilidad, soy yo y los consejeros los que tenemos la responsabilidad de llegar hasta el final y llegaremos hasta el final", dijo Puigdemont frente a unos trescientos profesores congregados en la Generalitat, quienes le entregaron de manera simbólica las llaves de las escuelas donde se instalarían las mesas de votación.
La apertura de los colegios e institutos es clave para la consulta, pese a las advertencias del gobierno central sobre las consecuencias para los directores que lo hagan.
Más temprano, el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, aseguró que el gobierno catalán declarará la independencia de la región autonómica española en un plazo de 48 horas después del plebiscito en caso de que gane el "sí". "Si gana el 'no', tendremos que respetarlo. Habrá elecciones regionales y la vida continúa. Si sale 'sí', 48 horas después el Parlamento catalán declarará la independencia", aseguró.
LOS MOSSOS
En tanto, Los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, advirtieron que no impedirán la votación, como les ordenó la Fiscalía en Madrid, si hay riesgo de desórdenes públicos durante la consulta.
"Queremos dejar claro que lo importante es la salvaguarda de la convivencia ciudadana", señaló al respecto el consejero del Interior, Joaquim Forn, tras sostener una tensa reunión con la Junta de Seguridad de Cataluña.
Durante la reunión, la cual se realizó a puerta cerrada, el gobierno central acusó a la Generalitat de "desobedecer" al Tribunal Constitucional y dejar sin efecto las órdenes de jueces y fiscales, según explicaron fuentes de Interior.
Mientras tanto miles de jóvenes se manifestaron en Barcelona y otras ciudades catalanas a favor de la consulta separatista.
Envueltos muchos de ellos en la bandera independentista y a gritos de "¡votaremos!" e "¡independencia!", unos 10 mil estudiantes marcharon por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, una de las principales arterias de la ciudad.
La movilización estudiantil podría traducirse en la ocupación de colegios que podrían servir para la votación del domingo, para avitar que la policía impida se instalen las casillas.
La consulta tiene dividida a la sociedad catalana entre secesionistas y partidarios de seguir en España, y se ha convertido en una de las mayores crisis políticas que ha vivido el país europeo en las últimas décadas