El Gobierno interino de Brasil rechazó las críticas de países de izquierda en América Latina, incluyendo a Venezuela, Cuba y Bolivia, por el proceso de impugnación a Dilma Rousseff, que fue suspendida de su cargo de presidenta por el Senado.
El presidente izquierdista de El Salvador se sumó a la presión regional contra Brasil cuando dijo que no reconocería al Gobierno interino y llamó a su embajadora, agregando que hubo una "manipulación política" en la mayor economía de América Latina.
La situación -que no es inusual entre líderes de izquierda y gobiernos más conservadores en momentos en que la región se inclina hacia la derecha- tiene lugar al tiempo que el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, asume la presidencia de Brasil y se apresta a sacar a la economía de su peor recesión desde la década de 1930.
Rousseff enfrentará ahora un juicio en el Senado por irregularidades en el presupuesto de su Gobierno. El juicio podría durar hasta 180 días y se prevé que concluya en su salida definitiva.
En un comunicado emitido el viernes por la tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que "rechaza enfáticamente" que sus vecinos "se permitan opinar y propagar falsedades sobre un proceso político interno en Brasil".
En otra declaración, el ministerio, encabezado por José Serra, un prominente ex senador y candidato presidencial, criticó al jefe del bloque regional sudamericano Unasur. El secretario general de la entidad, Ernesto Samper, había cuestionado la validez de la suspensión de Rousseff.
Después de declaraciones en duros términos emitidas por Brasil el viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -quien también enfrenta problemas económicos y un intento por sacarlo del cargo-, pidió a su embajador en Brasil que volviera a casa para hablar sobre la situación.
Maduro es uno de los líderes, incluyendo a la propia Rousseff, que han condenado su suspensión calificándola de un "golpe".
Rousseff, que pasa el fin de semana junto a su familia en Porto Alegre, en el sur de Brasil, dijo que podría apelar a organizaciones regionales para desacreditar el proceso de impugnación. Sin embargo, hasta ahora ha cumplido con todos los procedimientos vinculados a su suspensión.