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Gobierno francés impone legislación laboral y desestima protestas

Con el objetivo de reducir los elevados niveles de desempleo, el gobierno francés encabezado por François Hollande invocó este martes poderes especiales para imponer una legislación laboral por decreto, desestimando las protestas en todo el país.

El gobierno francés invocó poderes constitucionales especiales este martes para imponer una legislación laboral por decreto que facilite la contratación y el despido de trabajadores, con lo que pasó por alto protestas callejeras y a los detractores en su propio partido.

El gobierno del presidente François Hollande espera que la reforma laboral reduzca los altos niveles de desempleo.

Pero a menos de un año de las elecciones presidenciales, la decisión de imponer la reforma sin apoyo parlamentario es una apuesta política para el impopular Hollande y un gobierno socialista que ha sido blanco de la creciente violencia de la izquierda.

Miles de personas marcharon en París y otras ciudades bajo un fuerte contingente policial, en la que sindicatos dijeron que será la última de una serie de manifestaciones antes de una pausa durante el periodo de vacaciones del verano boreal.

Las estimaciones sobre la participación en las protestas fueron variadas -45 mil personas, según el sindicato CGT, pero no más de 7 mil 500, según la policía- aunque fue más baja que en movilizaciones anteriores.

Políticos de la derecha abandonaron la Asamblea Nacional y los rebeldes dentro de su propio partido observaron cómo el primer ministro Manuel Valls anunciaba que usaría poderes constitucionales para evitar a la Cámara baja del Parlamento durante una segunda revisión de la reforma.

"Mi gobierno está determinado a avanzar, porque no se puede permitir que las tácticas de algunos bloqueen al país", dijo Valls en una crítica a los detractores socialistas que se negaron a votar en favor de la ley.

Lo que está en discusión son las reformas diseñadas para reducir la tasa de desempleo de 10 por ciento al facilitar las contrataciones y los despidos. También haría más fácil que las empresas establezcan pagos y condiciones laborales de acuerdo a sus necesidades específicas.

La violencia por las movilizaciones en los últimos meses dejó a cientos de policías heridos en enfrentamientos con bandas de jóvenes y alrededor de 2 mil personas detenidas.

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