MADRID. El gobierno español presentó una impugnación legal a la decisión del Parlamento de Cataluña de iniciar un proceso para independizarse de España en 2017.
La abogada del estado, Marta Silva de Lapuerta, presentó la reclamación ante el Tribunal Constitucional, y el gobierno pidió a la corte que suspendiera la decisión del parlamento catalán mientras se estudia. El gobierno también quiere que el Constitucional alerte a las autoridades catalanas en contra de dar nuevos pasos en el proceso de secesión.
En rueda de prensa, el presidente Mariano Rajoy reiteró que no permitirá que con esa resolución "se liquide la democracia y se pretenda acabar con las normas de convivencia" no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles.
"Espero que haya una rectificación por parte de estas personas. El problema que hay en Cataluña no es el resto de españoles que viven fuera de Cataluña, sino el que crean sus dirigentes políticos", aseguró Rajoy.
En sus declaraciones en el Palacio de la Moncloa, sostuvo que se quiere privar a los españoles de toda España y de Cataluña su derecho a decidir lo que es su país, por lo que entiende el hartazgo de millones de ciudadanos debido a este tema.
"Si se sigue vulnerando la ley y la Constitución, el gobierno actuará con firmeza y proporcionalidad. Que no quepa duda de que lo haré", expuso.
"Me gustaría no tener que plantear más recursos ni tomar más decisiones, y que esta (la impugnación) fuera la última. Pero yo no voy a aceptar que unos pocos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", manifestó.
Consideró que la resolución independentista "quiebra la democracia, liquida la constitución española", así como siglos de convivencia y principalmente la soberanía.
"Una resolución donde se dice que no se respetará la legalidad vigente, que dice que no cumplirá lo determine el Tribunal Constitucional, es algo fuera de lugar, se quiebra todo", agregó.
El Tribunal tenía previsto reunirse más tarde, y se espera una decisión rápida.
La propuesta aprobada el lunes en el parlamento regional en Barcelona da un mes al próximo gobierno de la región, una potencia económica en España, para que empiece a trabajar en una nueva constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.
También exime al gobierno regional de rendir cuentas a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional.
Con información de AP y Notimex