BUENOS AIRES. El gobierno argentino dispuso la desclasificación de toda la información relacionada con la investigación del atentado contra un centro judío en 1994, que tiene como sospechosos a exmiembros del gobierno iraní.
Al evaluar la medida publicada en el Boletín Oficial, el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo a periodistas que esto que "se pueda analizar cada segundo de lo sucedido".
La idea es que los familiares de las 85 víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) puedan acceder a la documentación, agregó Fernández, según el cual el gobierno "ha tenido por vocación siempre que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por los 21 años que vamos a estar llevando ya del atentado sin respuestas".
La medida establece que a petición de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (UFI-AMIA) se dispone "la desclasificación de la totalidad de la documentación que fuera remitida en custodia" a esa fiscalía y "de la documentación adicional a la que oportunamente fuera seleccionada en el ámbito de la Unidad de Relevación de Información de la ex Secretaría de Inteligencia" actualmente en poder de la Agencia Federal de Inteligencia, creada semanas atrás por una ley del Congreso.
Asimismo establece la desclasificación "de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación".
El boletín no especificó la forma en que se hará pública la información.
La UFI-AMIA, a cargo de tres fiscales y un coordinador, anunció a su vez que "a partir del lunes las partes tendrán pleno acceso a las 1 mil 700 carpetas que se encuentran bajo custodia en la dependencia, de manera amplia y sencilla y solamente mediante la presentación de un escrito".
Agregó que "en razón del volumen físico, se procederá a digitalizar la información para garantizar el acceso, procesamiento y eventual utilización" de la misma.
"Es un paso importante", afirmó Julio Schlosser, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la otra institución judía importante en Argentina además de la AMIA. "No sabemos realmente qué contienen esos archivos", agregó Schlosser a la Agencia Judía de Noticias.
En tanto Miguel Ángel Toma, titular de los servicios de inteligencia en 2002 y parte de 2003, dijo que de ser realmente de "acceso público yo voy a hacer un exhaustivo análisis de la información y si no estuvieran la totalidad de los elementos hasta 2003 me constituiré en querellante para que se difunda todo".
Agregó que la desclasificación debería contemplar "tachar en negro" en el documento original lo que pueda afectar a la seguridad de fuentes o testigos y aquello que pueda dar a entender cuál fue la metodología empleada en la investigación.
Una camioneta cargada de explosivos voló la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Alberto Nisman, quien en 2004 fue designado titular de la UFI-AMIA, imputó a ocho exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes como los autores intelectuales del ataque. Sobre cinco de los acusados pesan alertas rojas o prioridades de búsqueda de Interpol, entre ellos el exministro de Información Ali Fallahian y quien fuera secretario de Cultura de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani. Teherán siempre negó cualquier vinculación con el ataque.
El fiscal Nisman fue hallado muerto en enero pocos días después de acusar a la presidenta Cristina Fernández de un plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado.
La investigación del ataque a la AMIA estuvo plagada de irregularidades. El expresidente Carlos Menem (1989-1999), un exjuez federal y un extitular de la Secretaría de Inteligencia, entre otros, están a la espera de ser juzgados por haber intentado desviar la investigación y otras graves irregularidades que derivaron en la anulación de gran parte de la pesquisa.