CARSON CITY.- Muchos gobernadores republicanos se oponen a una propuesta de legisladores de su mismo partido para reemplazar al plan de salud del gobierno anterior, quejándose de que millones de personas quedarán excluidas y que se le obligará a los estados a pagar por su cobertura médica.
Los gobernadores, especialmente los de estados de reñida competencia política, reaccionaron con escepticismo al plan de salud presentado el lunes ante la Cámara de Representantes. Algunos de ellos indicaron que seguirán trabajando en su propia versión y para competir con el documento propuesto por el ejecutivo.
"Lo hemos dicho siempre, trabajen con los gobernadores, debe ser un esfuerzo liderado por los gobernadores, el Congreso debe escuchar el consejo de los gobernadores", declaró el gobernador de Nevada Brian Sandoval. "Pero lo hicieron todo por su cuenta, sin incluir nada de lo que dijimos".
Treinta y tres estados cuentan con gobernadores del Partido Republicano, y son estados de distintas regiones y que fueron decisivos en la victoria electoral de Donald Trump en noviembre. Su posición en torno a la reforma del sistema de salud podría influir en las decisiones sobre las políticas públicas, e incluso podría ayudar a decidir el futuro del partido.
La síntesis de sus críticas es que el plan presentado a la cámara baja pondría en peligro la cobertura médica para unas 11 millones de personas cobijadas bajo la expansión del programa Medicaid gracias a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que promovió Barack Obama. La ley permitía a los estados expandir el Medicaid de tal manera que pueda cubrir a más ciudadanos de bajos recursos, cobrándole en parte al gobierno federal.
Sacar la participación del gobierno federal afectaría principalmente a estados cuyos gobernadores decidieron participar en la expansión del Medicaid, como Michigan, Nevada y Ohio.
La propuesta de la cámara baja de dejar el costo de Medicaid —el programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados— a los estados reduciría el número de personas elegibles para tener cobertura, y obligaría a los estados a quitarle cobertura a mucha gente, o a desembolsar millones de dólares rápidamente para mantener a esa gente registrada.
"Sacar la cobertura de Medicaid sin una alternativa viable sería contraproducente e innecesariamente pondría en riesgo nuestra capacidad de dar tratamiento a los drogadictos, a los pacientes psiquiátricos, a la clase trabajadora, que actualmente tienen una fuente estable de atención médica", dijo el gobernador de Ohio, John Kasich.
Sólo Michigan, Nevada y Ohio han añadido 2 millones de personas a las nóminas de Medicaid desde que ese segmento de la ley entró en vigencia en el 2014.