CARACAS.- La fiscalía y las fuerzas de seguridad de Venezuela localizaron el lunes en una fosa los restos de cuatro de los 21 mineros que habrían sido masacrados en el sur del país sudamericano a comienzos de mes, en medio de una lucha por el control de una mina de oro.
Según testimonios de sobrevivientes a las autoridades policiales y locales, los mineros fueron ajusticiados y descuartizados con una motosierra en una mina de oro en el municipio Sifontes, en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil.
"Localizamos el sitio donde se encuentran los restos, en este momento equipos (...) se encuentran en el lugar exhumando los restos que han encontrado", dijo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista a un canal de televisión local tras precisar que los cuerpos fueron localizados en una fosa cerca de Nuevo Callao.
No hay certeza de si todos los cadáveres están en ese lugar, añadió.
Las familias de las personas desaparecidas protestaron inicialmente con el bloqueo de una de las principales vías de la vecina ciudad de Tumeremo, exigiendo la búsqueda de los mineros y que se aclare el hecho.
La funcionaria agregó que fueron dictadas cuatro órdenes de captura contra los presuntos responsables de las muertes, entre ellas la de una mujer identificada como Rosa Soraida Gil que ya fue detenida y será presentada el martes en un tribunal de control en la ciudad de Puerto Ordaz, Venezuela.
El Gobierno la vincula con un ecuatoriano, cabecilla de una banda fuertemente armada que intenta tomar el control de las minas informales de oro en el sur del país. Aunque no precisó la nacionalidad, la fiscal adelantó que las autoridades buscan a Hamilton Andrés Ulloa Suárez, quien sería el líder y supuestamente el principal responsable de los asesinatos.
"Estamos convencidos que en total son 21 personas las desaparecidas, eso por el rigor técnico y científico de la investigación", agregó Ortega sin dar detalles de las muertes.
La oposición acusó inicialmente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de tratar de ocultar el incidente, poco después de que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel, negó las muertes de unas 28 personas que familiares denunciaron como desaparecidas.
Sin embargo, horas después la Fiscalía inició la investigación.
El caso sacudió a los venezolanos, pese a que el país petrolero sufre una de las tasas más altas de homicidio del mundo.
El Gobierno anunció este mes que busca obtener dinero fresco en el mercado financiero utilizando como garantía la explotación del oro en esa región, en sociedad con firmas mineras internacionales.
La fiscal destacó que en esa zona rica en oro operan en su mayoría personas extranjeras que, sin cumplir con los procesos de ingreso a Venezuela, inician la actividad minera de manera ilegal.