BUENOS AIRES. La justicia argentina avaló la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a un centro comunitario judío en 1994.
En una resolución, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que la denuncia que hizo su colega el 14 de enero existen suficientes elementos para continuar investigando si la mandataria buscó desligar la presunta responsabilidad de ocho iraníes en el peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino.
Pollicita no solicitó que se realice una indagatoria a la mandataria ni a funcionarios y allegados al gobierno acusados previamente por Nisman, pero "sí requirió varias de las medidas solicitadas ahí y otras nuevas que se conocerán en los próximos minutos", informó el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia.
Ahora el juez Daniel Rafecas deberá analizar la resolución de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal.
"A propósito de lo enunciado hasta aquí, corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal", dice Pollicita en su resolución difundida en sitios oficiales del Poder Judicial argentino.
En el documento, el fiscal Pollicita recordó están "imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones" la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, un representante de la comunidad iraní en Argentina, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el ex juez, Héctor Luis Yrimia, los dirigentes sociales afines al oficialismo, Luis D'Elia y Fernando Esteche, y el presunto espía "Allan", que según Nisman sería Ramón Allan Héctor Bogado.
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos.
Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.
Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la presidenta. El investigador requirió una indagatoria a Fernández y al resto de los imputados.
Horas después del hallazgo del cuerpo sin vida de Nisman estaba prevista una reunión del fiscal con un grupo de legisladores en el Congreso donde se esperaban que ofreciera más detalles sobre su acusación, la más grave que haya recibido Fernández.
La mandataria lleva más de siete años de gobierno y culmina su mandato en diciembre.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Luego de conocer la decisión del fiscal Pollicita, el gobierno argentino rechazó por escrito la denuncia de intento de encubrimiento a presuntos terroristas iraníes que el fallecido fiscal Alberto Nisman levantó en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La procuradora del Tesoro de la Nación, Angélica Abbona, en su calidad de jefa de abogados del Estado, presentó este viernes un documento de 67 páginas, que incluyó elementos probatorios para desestimar la acusación.
Hasta ahora, el gobierno se había desligado de las acusaciones a través de un comunicado de Cancillería y de cartas de la presidenta publicada en las redes sociales.
El documento oficial presentado hoy afirmó que tanto en la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) como en la de Cristina Fernández hubo un firme compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer el atentado.
Agregó que, incluso, se dispuso la desclasificación de la información producida por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), así como el relevo a sus agentes de guardar secreto respecto de estos hechos.
En el plano internacional, recordó las presentaciones de la presidenta ante la Asamblea General de Naciones, donde formalmente le reclamó a la República Islámica de Irán su colaboración para el esclarecimiento del atentado.
La acusación de Nisman se centró en el Memorándum que firmaron ambos países en 2013 y en el que Irán se comprometió a permitir que los acusados fueran interrogados por un juez argentino en Teherán, lo que nunca ocurrió.
Según el fiscal, el verdadero objetivo del Memorándum era dejar a los iraníes libres de cargos, lo que ha sido rechazado por el gobierno e incluso por Interpol, ya que nunca eliminó los pedidos de captura internacional.
"Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol", señaló el escrito.