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El gobierno federal de Estados Unidos abrirá una nueva instalación para detener a niños migrantes en Texas, y considera mantener a cientos más en tres bases militares ubicados en diversas partes del país, lo que sumará un total de 3 mil camas a un sistema ya sobrecargado.
La nueva instalación de emergencia en Carrizo Springs, Texas, alojará a hasta mil 600 adolescentes en un complejo donde alguna vez vivieron trabajadores petroleros en un terreno arrendado por el gobierno cerca de la frontera, dijo Mark Weber, portavoz de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
La agencia también analiza utilizar bases del Ejército y de la Fuerza Aérea en Georgia, Montana y Oklahoma para alojar a otros mil 400 menores de edad en las próximas semanas, dado el alto número de niños que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar o tutor adulto. La mayoría de los menores han llegado a Estados Unidos sin sus familias y están bajo custodia del gobierno mientras las autoridades determinan si pueden ser dejados bajo la tutela de familiares o amigos.
Todas las nuevas instalaciones serán consideradas albergues de emergencia temporales, y por lo tanto no estarán sujetas a los requisitos estatales de bienestar infantil para contar con una licencia, dijo Weber. En enero pasado, el gobierno cerró un campamento de detención ubicado en el desierto de Texas que no contaba con una licencia, y otra instalación no autorizada continúa operando en los suburbios de Miami.
"Es nuestra obligación legal cuidar a estos niños para que no estén en instalaciones de la Patrulla Fronteriza", comentó Weber. "Tendrán los servicios que la ORR siempre ofrece, que son alimentos, refugio y agua", agregó.
Bajo presión por la muerte de dos menores que pasaron por la red de albergues de la agencia y enfrentando demandas por el trato dado a adolescentes bajo su cuidado, la dependencia dijo que debe montar nuevas instalaciones o arriesgarse a quedarse sin camas disponibles.
El anuncio de la expansión del programa surge luego de que el gobierno anunció que iba a reducir o recortar los gastos para los cursos de inglés, así como para los servicios legales y actividades recreativas, de más de 13 mil 200 infantes, niños y adolescentes migrantes que están bajo su custodia.
La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a la oficina de refugiados, notificó a los albergues a lo largo y ancho del país que no iba a reembolsarles los gastos de los salarios de los maestros, de los servicios legales o de equipos recreativos, alegando que se necesitaban recortes al presupuesto debido a que cantidades récord de niños sin compañía de un adulto siguen llegando a la frontera, en su mayoría provenientes de Centroamérica. En mayo pasado, los agentes fronterizos detuvieron a 11 mil 507 niños que viajaban solos.
Algunos abogados dijeron que la medida violaba un convenio jurídico conocido como el Acuerdo Flores, que requiere que el gobierno proporcione educación y actividades recreativas a los niños migrantes que están bajo su cuidado.
Los activistas han dicho que la medida es punitiva y que ese tipo de servicios generalmente están disponibles para los adultos que están bajo custodia.
"La cancelación de la ORR de esos servicios causará más daño a los niños, muchos de los cuales continúan languideciendo durante meses sin ser colocados de manera segura y expedita bajo el cuidado de un tutor. Eso no es sólo inaceptable, sino que podría ser una violación a la ley", dijo la representante Rosa DeLauro, quien preside la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias que se encarga de supervisar el presupuesto de la agencia.