El Parlamento catalán declaró este viernes la independencia de Cataluña, desafiando al Gobierno de España, que respondió minutos después logrando la aprobación en el Senado de la activación del artículo 155 constitucional para intervenir en la región.
El artículo 155 de la Constitución dice que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general del país, el Gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general.
Las medidas aprobadas hoy fueron propuestas por el Gobierno español el sábado. Aunque el artículo 155 no establece qué medidas podrían aplicarse y cuáles no.
Desglosamos a continuación las principales medidas, así como los aspectos fundamentales de su tramitación:
Cese del Gobierno
- Se propone autorizar al Gobierno a cesar al presidente de Cataluña, Carlas Puigdemont, al vicepresidente y a todos los consejeros que integran el Gobierno de la Generalitat.
- El Gobierno sustituirá a estos cargos "por los órganos y autoridades que designe o cree, a tal efecto". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló en rueda de prensa que "en principio la idea será que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en que dure esta situación excepcional".
Control del Parlamento y elecciones
- Pasa al presidente del Gobierno la facultad de decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y, por tanto, la convocatoria de elecciones autonómicas.
- El presidente del Gobierno central tendrá que convocar elecciones regionales en Cataluña en un plazo máximo de 6 meses. Rajoy dijo el sábado que su "voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional".
- El Parlamento de Cataluña continuará ejerciendo su función representativa, pero bajo tutela del órgano designado por el Senado, "para garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución".
- El presidente del Parlamento de Cataluña no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debate y votación de investidura, y en el Parlament "no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución española y al Estatuto de Cataluña", según dijo Rajoy, teniendo el Gobierno un plazo de 30 días para ejercer su derecho de veto.
Control de la administración
- La Administración de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos y autoridades que designe o cree el Gobierno de España. "Este hecho afecta a actos, resoluciones y otras disposiciones; al nombramiento, cese o régimen disciplinario de personal; así como a publicaciones oficiales", explicó el Gobierno.
- Las funciones que antes tenía la Generalitat pasan a tenerlas los nuevos gestores, lo que implica el control de la policía regional (los Mossos d'Esquadra) y medios como la televisión pública regional (TV3).
- El Gobierno podrá "acordar el nombramiento, el cese, o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña ... de cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector público empresarial".
- En este sentido, el Gobierno central asumirá el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales de la Generalitat. En concreto, sobre los servicios públicos autonómicos de comunicación audiovisual, los nuevos gestores "garantizarán la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial", según el Gobierno.
- En cuanto a las fuerzas de seguridad, el Gobierno indica en un documento explicativo que las autoridades de control "podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d´Esquadra".
- Además, se precisa que "en el caso de que sea necesario" "los miembros del Cuerpo de Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d'Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
- También se interviene el área de gestión económica, financiera tributaria y presupuestaria, aunque este capítulo ya estaba bajo control del Estado. En el documento remitido el sábado, el Gobierno dijo que se ejercerán desde Madrid las competencias económicas "para que (...) se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera".
- En esta área, el Gobierno insiste en su argumento de que se impedirá que fondos públicos se destinen al proceso secesionista.
Duración de las medidas
- Las medidas propuestas por el Gobierno se mantendrán vigentes hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat que resulte de la celebración de las elecciones.
- No obstante, el Gobierno se reserva la facultad de anticipar el cese de las medidas "si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de esta decisión".
- Durante el periodo de aplicación, el Gobierno dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas contenidas en este acuerdo con una periodicidad de dos meses.
- El Gobierno aclara que las medidas se adaptarán a las circunstancias cambiantes por lo que "se prevé la posibilidad de que el Senado pueda conocer de modificaciones y actualizaciones caso de ser precisas nuevas medidas para garantizar el orden constitucional o de lo contrario dejarlas sin efecto antes de su finalización si dejan de ser imprescindible para los fines perseguidos".
Tramitación
Tras su eventual aprobación en el Senado, las medidas pueden entrar en vigor inmediatamente o reservarse para su implementación futura.
El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, dijo el sábado que "solo se puede paralizar (el 155) si el Senado no lo aprueba".