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Enfrenta Cristina juicio por corrupción, en plena campaña por el poder

La expresidenta argentina escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala, mientras filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno.

La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó ayer en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, ahora como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Cristina anunciara que su exjefe de gabinete, Alberto Fernández, será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la vicepresidencia.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados, pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades de volver a la Casa Rosada.

La expresidenta escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala, mientras filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que su compañera de fórmula presidencial "va a poder probar que la imputación es falsa" y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del juicio, la senadora afirmó en Twitter que el proceso es un "nuevo acto de persecución", con el objetivo "colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial".

Fernández se considera una perseguida. Afirma que su sucesor, Mauricio Macri, promueve causas en su contra para desviar la atención de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, si no hay condena firme, una persona procesada puede ejercer cargos públicos.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que dio discrecionalmente obra pública al empresario Lázaro Báez –encarcelado desde 2016 por lavado–, en la provincia de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" –que también funcionó en el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner– sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos", puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, dijo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

La primera audiencia del juicio, que podría durar un año, consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable, la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión. Para el momento del fallo, Fernández podría ser vicepresidenta o mantener su escaño de senadora. En esos dos escenarios estaría a salvo del arresto por gozar de inmunidad para ser detenida que sólo puede ser anulada por el Congreso.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas, por unos mil millones de dólares, que recibieron las empresas de Báez, y que presuntamente fueron amañados a favor del empresario, pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

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