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Dos años después, los rohingyas aún sufren indiferencia y discriminación de sus países de refugio

Sin acceso a la educación para los menores de edad y sin la posibilidad de acceder a puestos de trabajo, esta población es vulnerable a maltratos en Bangladesh, Myanmar y Malasia.

Sentada en una tetería en el gran campo de Kutupalong, Bibi Jan tira de su manga. Está tapando las cicatrices causadas durante el mayor episodio de violencia contra los rohingya, en agosto de 2017. Ella cuenta los eventos que la obligaron a huir a Bangladesh: sus dos hermanos fueron asesinados, ella misma fue apuñalada y su aldea fue arrasada.

Una minoría étnica marginada del estado de Rakhine, los rohingyas han estado sujetos en las últimas décadas a una constante persecución y exclusión estatal. Hace dos años, las noticias de la campaña de violencia de Myanmar contra los rohingyas colmaron los titulares.

Lamentablemente, desde entonces se ha avanzado muy poco para abordar la falta de estatus legal para ellos en la región, o para abordar las causas subyacentes de la exclusión de estos en Myanmar.

Hasta la fecha, no se han ofrecido soluciones significativas para los rohingyas, que han sido empujados al margen de la sociedad en prácticamente todos los países a los que han huido. Por ejemplo, en Bangladesh más de 912 mil rohingyas aún viven en las mismas estructuras básicas de bambú que cuando llegaron, enfrentan limitaciones de movimiento y trabajo, y siguen dependiendo totalmente de la ayuda humanitaria.

Muchas de las enfermedades que Médicos Sin Fronteras (MSF) trata en sus clínicas en Cox's Bazar son el resultado de las malas condiciones de vida que padece este grupo, con escaso acceso a letrinas o agua limpia. MSF continúa tratando a decenas de miles de pacientes al mes. Entre agosto de 2017 y junio de 2019 ha realizado más de 1.3 millones de consultas médicas.

Dado que los menores no pueden asistir a la educación formal, las generaciones futuras de los rohingyas se ven privadas de la oportunidad de mejorar su situación.

"Quiero enviar a mis hijos a la escuela, pero no tengo suficiente dinero y no podemos abandonar el campo. Es difícil planificar un futuro para nuestros hijos. Si trabajáramos, no necesitaríamos raciones de comida, podríamos sobrevivir por nuestra cuenta", explicó Bibi Jan.

Myanmar: "Nos guardamos nuestra frustración en el interior"

La situación que enfrentan los rohingyas en Myanmar es igualmente sombría. En 1982, una ley de ciudadanía los hizo apátridas, y en los últimos años se les ha despojado más de sus derechos, desde la inclusión cívica, el derecho a la educación, el matrimonio, la planificación familiar, la libertad de movimiento y el acceso a la atención médica.

En 2012, la violencia entre las comunidades rohingyas y de Rakhine dejó aldeas enteras arrasadas. Desde entonces, unos 128 mil musulmanes rohingya y kaman en el centro de Rakhine han vivido en campos de desplazados abarrotados y miserables. Denegada la libertad de circulación y de empleo, así como el acceso a los servicios básicos, también dependen por completo de la asistencia humanitaria.

"No hay oportunidades reales de empleo aquí, apenas hay oportunidades de pesca. Debido al poco comercio, no podemos comprar las cosas que queremos", relató Suleiman, un rohingya que vive en Nget Chaung en Myanmar, un área donde viven unas 9 mil personas.

"La gente aquí está triste, frustrada porque no puede ir a ningún lado ni hacer nada más. Nos guardamos nuestra frustración en el interior porque no podemos hablar, no hay oportunidades para eso, ni siquiera podemos viajar al municipio del lago. La gente lo guarda todo adentro, a presión", reclamó.

Se estima que quedan entre 550 mil y 600 mil rohingyas en todo el estado de Rakhine. Sus vidas, que ya eran difíciles, se han vuelto más aún complicadas a medida que ellos y otras comunidades sufren las consecuencias de un empeoramiento del conflicto entre el Ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan, un grupo armado étnico de Rakhine.

Malasia: empujados a una mayor precariedad

Los rohingyas también están 'en el limbo' en Malasia, donde han huido en los últimos 30 años. Allí, la falta de estatus legal los empuja a ellos y a otros refugiados y solicitantes de asilo a una situación cada vez más precaria. Incapaces de trabajar legalmente, a menudo desaparecen entre la economía del mercado negro de Malasia, donde son vulnerables a la explotación, la servidumbre por deudas o los accidentes laborales. Caminar por la calle o incluso buscar atención médica puede hacer que los refugiados sean enviados a centros de detención o sean extorsionados.

Iman Hussein, de 22 años, huyó de Rakhine en 2015 y pasó un tiempo en Tailandia antes de llegar a Penang, Malasia. Como muchos refugiados, se ha ganado la vida trabajando en la construcción. Su empleador no le ha pagado su salario en las últimas 10 semanas, pero dice que no tiene más remedio que seguir trabajando mientras vive allí y que sería indigente si se fuera.

"En los últimos dos años, se ha hecho muy poco esfuerzo para abordar las causas subyacentes de la discriminación que enfrentan los rohingyas y permitirles regresar a sus hogares de manera segura", detalló Benoit de Gryse, responsable de operaciones de MSF para Myanmar y Malasia.

"Para que los rohingyas tengan alguna posibilidad de un futuro mejor, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos con Myanmar y defender un mayor reconocimiento legal para un grupo increíblemente carente de poder".

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

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