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Los litigios por la propiedad del oro venezolano están comenzando a acumularse.
Deutsche Bank quiere que un juez decida si alrededor de 100 millones de libras (123 millones de dólares) en poder de los receptores tras la finalización de un acuerdo de oro deben entregarse al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o a la administración dirigida por el líder opositor Juan Guaidó.
La acción legal, que había sido secreta, fue revelada este jueves en una audiencia en Londres que involucraba al Banco de Inglaterra, que hace una pregunta similar. Si bien las demandas son separadas, ambas están vinculadas a preguntas acerca de la legitimidad del Banco Central de Venezuela.
El Banco de Inglaterra, que posee oro en nombre de Venezuela, se ha quejado de que está "atrapado en el medio" de reclamos rivales. Mientras tanto, Deutsche Bank quiere que el tribunal se pronuncie sobre el futuro de los fondos apartados después de que concluyera un acuerdo de swaps de oro con el prestamista venezolano valorado en 750 millones de dólares en 2019.
Una vocera de Deutsche Bank no quiso hacer comentarios.
Mientras que naciones como Estados Unidos deslegitimaron su reelección de 2018 calificándola de fraudulenta, Maduro aún controla los ministerios, los tribunales y las fuerzas armadas de Venezuela. Guaidó, el líder de la oposición, ha sido respaldado por Washington y más de 50 países como el presidente interino legítimo de la nación durante los últimos 16 meses.
El Banco Central de Venezuela, designado por Maduro, exigió que el Banco de Inglaterra liquide mil millones de dólares en oro y envíe los fondos al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que está trabajando con el país para prepararse ante un aumento en los casos de COVID-19. El Gobierno ha intensificado sus críticas al Banco de Inglaterra a medida que la crisis económica se profundiza, diciendo que "pretende gobernar" el país.
Ambas causas buscan que el tribunal decida si Reino Unido ha reconocido formalmente a Guaidó como presidente de Venezuela, según una presentación legal de la administración de Guaidó. El juez Nigel Teare adelantó que el tribunal decidirá el asunto a fines de junio.