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Un panel de expertos en Derechos Humanos afiliado con las Naciones Unidas declaró que Carlos Ghosn, exdirector general de Renault-Nissan, fue detenido indebidamente en Japón.
La Comisión sobre Detenciones Arbitrarias, en un reporte publicado este lunes, pidió que el Gobierno japonés pague "compensación" y "otras indemnizaciones" al empresario.
La comisión halló que la detención de Ghosn en el país asiático entre fines del 2018 y principios del 2019 fue "arbitraria" y exhortó a Japón a "tomar las medidas necesarias para resolver la situación del señor Ghosn sin más demora".
La determinación sobre si una detención fue arbitraria se basa en diversos factores, incluyendo en las normas internacionales vigentes.
Si bien Ghosn huyó de Japón, la opinión de los expertos podría tener implicaciones para los sistemas de justicia de ese país y a nivel internacional, como por ejemplo en la extradición de los estadounidenses Michael Taylor y su hijo Peter, acusados por Japón de ser cómplices en la fuga de Ghosn.
La comisión de cinco expertos independientes llamó a Japón a garantizar "una plena e independiente investigación" sobre la detención de Ghosn y a "tomar las medidas apropiadas contra los responsables de la violación de sus derechos".
"La comisión considera que, tomando en cuenta todas las circunstancias del caso, la solución apropiada es otorgarle al señor Ghosn la compensación y otras indemnizaciones según lo establece el derecho internacional", dice el reporte de 17 páginas.
La comisión mencionó una serie de denuncias de Ghosn y sus abogados, como de que fue sometido a confinamiento solitario y a extensos interrogatorios de día y de noche, y que se le negó acceso a los tribunales.
Los litigantes denuncian que los interrogatorios a Ghosn buscaban presionarle para que confesara.
La comisión mencionó que el Gobierno japonés, signatario de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ha insistido en que no violó los artículos de esa convención y que la detención de Ghosn no fue arbitraria.
Mencionó los argumentos de la administración japonesa de que su sistema judicial lanza procesos penales sobre cuando hay una "alta probabilidad" de sentencia en base a las evidencias.
Un vocero de la misión japonesa en Ginebra no estuvo de inmediato disponible para formular comentarios.