El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tiene la ley que durante tiempo estuvo soñando. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la madrugada de ayer, y por la tarde entró en vigor, la controvertida Ley Contra Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que contempla hasta 20 años de prisión para los culpables de promover o protagonizar este tipo de delitos, según el criterio chavista que puede incluir el corte de vías de comunicación, las manifestaciones políticas, una fotografía en la portada de un diario e incluso a los medios digitales a los que ordena retirar cualquier mensaje que promueva el odio y la intolerancia, en seis horas a su publicación.
"Es un homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno, aseguró Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC. Entre abril y julio murieron en Venezuela 125 personas, víctimas de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la violencia desatada posteriormente.
La nueva ley, que debe ser publicada de forma obligatoria por todos los medios, prevé además penas de ocho a 10 años de cárcel para los policías o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables del odio.
Las amenazas se extienden contra las estaciones radios y las televisoras, sometidas ya a niveles muy altos de censura y autocensura. A todas ellas se les puede revocar su licencia si lanzan mensajes que fomenten el odio.
También alcanza a los partidos políticos a los que amaga con dejar fuera del Consejo Nacional Electoral si "promueven el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia".
Además, se "revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan" con lo previsto en la ley.
De igual manera, se le ordena a esas organizaciones incluir en sus estatutos "la medida preventiva de suspensión" y de "expulsión" de sus militantes si cometen alguno de los delitos establecidos en la Ley. "En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar tramitar o decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción", fija la norma en ese sentido.
LA REACCIÓN
Indignación, preocupación y palabras de protesta se mezclaron tras conocerse el alcance de la nueva ley. "La ley del odio no es una ley, es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía. Curiosa manera de luchar por la paz, convivencia pacífica y tolerancia", criticó la exmagistrada Blanca Rosa Mármol. "Es otro instrumento para reprimir, perseguir y silenciar a los medios", añadió Andrés Velásquez, dirigente opositor.
En tanto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reafirmó que el gobierno de Maduro continuará el diálogo con la oposición y la convocó para el 15 de noviembre.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) también anunció que junto con el gobierno están preparando las conversaciones para plantear las condiciones electorales de cara los comicios presidenciales del 2018, con la participación de representantes Chile, México y Paraguay, mientras que el gobierno propuso a Bolivia y Nicaragua, como garantes.