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WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos limitó los beneficios de inmigrantes detenidos por largo tiempo para su deportación que les permitían presentar argumentos en favor de su liberación, en un fallo que coincide con las severas políticas sobre inmigración adoptadas por el presidente Donald Trump.
En una decisión con cinco magistrados a favor y tres en contra, la corte revocó un dictamen de un tribunal menor que ordenaba que los inmigrantes bajo custodia del Gobierno estadounidense y que esperaban para ser deportados tuvieran acceso a una audiencia adicional seis meses después desde su detención para pedir su liberación.
Los cinco integrantes conservadores de la Corte Suprema eran mayoría en el fallo redactado por el juez Samuel Alito, mientras que tres magistrados liberales no estuvieron de acuerdo, incluyendo a Stephen Breyer. Otra jueza liberal, Elena Kagan, no participó del fallo.
La Corte Suprema descartó una decisión del 2015 emitida por un tribunal de Apelaciones de San Francisco que había determinado que el Gobierno debía permitir audiencias para evaluar peligros y riesgos de viajes aéreos cuando las detenciones excedieran los seis meses, y más procedimientos similares cada seis meses después de eso.
En un documento para explicar su oposición al fallo, Breyer dijo que prohibir la capacidad de argumentar por la liberación posiblemente violaba la garantía de la Constitución estadounidense sobre procesos judiciales apropiados.
El magistrado dijo que dudaba que el Congreso estadounidense, al redactar cláusulas inmigratorias sobre el caso, hubiera querido poner a miles de personas bajo riesgo de confinamiento prolongado en Estados Unidos sin posibilidad de liberación bajo fianza.
"Simplemente necesito remitirme a las palabras de la Declaración de Independencia, en particular a su insistencia en que todos los hombres y mujeres tenemos 'derechos inalienables' y que entre ellos está el derecho a la libertad'", escribió Breyer.
En tanto, Alito dijo que las cláusulas de inmigración bajo cuestionamiento no podían ser interpretadas como un límite a los plazos de detención.
Una demanda colectiva presentada por el grupo American Civil Liberties Union había desafiado la práctica del Gobierno estadounidense de llevar a inmigrantes que enfrentaban la deportación ante reiteradas audiencias por meses o años sin la oportunidad de presentar argumentos para ser liberados.
El tema adquirió importancia tras la decisión del Gobierno de Trump de aplicar una política más dura sobre inmigración, lo que generó que muchas más personas fueran objeto de detenciones para su deportación.