:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/O75N4PW6C3PZXHPYKALWGLVIKI.jpg)
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que la administración Trump puede deportar a algunas personas que soliciten asilo sin permitirles presentar su caso ante un juez federal.
El fallo del tribunal superior se aplica a las personas que son detenidas en la frontera o cerca de ella, y que no pasan sus exámenes iniciales de asilo, lo que los hace elegibles para una deportación rápida o una expulsión acelerada.
Los jueces dictaminaron sobre el caso de un hombre que afirma que huyó de la persecución como miembro de la minoría tamil de Sri Lanka, pero no logró convencer a los funcionarios de inmigración de que enfrentaría daños si regresaba a dicho lugar.
El hombre fue arrestado poco después de cruzar la frontera de EU desde México.
El juez Samuel Alito escribió la opinión de la corte que revirtió un fallo de una corte inferior a favor del hombre, Vijayakumar Thuraissigiam, quien fue puesto en un proceso de deportación expedita que prohíbe a las personas que fallan en las entrevistas iniciales pedir ayuda a los tribunales federales.
Los funcionarios de inmigración manejaron el caso de Thuraissigiam como parte del proceso que el Congreso creó "para eliminar los reclamos sin mérito y eliminar rápidamente a los extranjeros que hacen tales reclamaciones en el país", indicó Alito.
Señaló que más de tres cuartas partes de las personas que buscaron solicitud de asilo en los últimos años pasaron sus evaluaciones iniciales y calificaron para una revisión completa.
Los jueces Ruth Bader Gingsburg y Stephen Breyer estuvieron de acuerdo con el resultado en este caso, pero no se unieron a la opinión de Alito.
En disidencia, la jueza Sonia Sotomayor escribió: "La decisión de hoy ata la capacidad del Poder Judicial de cumplir con su deber constitucional de salvaguardar la libertad individual". A ella se unió la jueza Elena Kagan.
Lee Gelernt, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que argumentó el caso en la Corte Suprema, destacó que el resultado dificultará cuestionar las acciones de los funcionarios de inmigración en la frontera de Estados Unidos. "Esta decisión afectará potencialmente a decenas de miles de personas en la frontera que no podrán solicitar la revisión de las denegaciones de asilo erróneas", dijo Gelernt.
En términos prácticos, el impacto puede ser limitado. Incluso después de la decisión de la Corte federal de apelaciones de San Francisco que los jueces tuvieron este jueves, solo cerca de 30 solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron rápidamente rechazadas habían pedido acceso a los tribunales, explicó Gelernt a los jueces durante los argumentos en febrero.
Pero el profesor de derecho de la Universidad de Cornell, Stephen Yale-Loehr, experto en inmigración, señaló que la decisión apoya la acción administrativa más amplia en materia de asilo.
"El juez Alito usó un lenguaje radical en su opinión mayoritaria al defender los esfuerzos del Congreso para limitar el debido proceso para los inmigrantes que llegan. Si bien no es necesario para la celebración precisa del caso, la administración Trump seguramente usará ese lenguaje para justificar sus esfuerzos más amplios para restringir a los solicitantes de asilo ", afirmó Yale-Loehr.
La administración ha convertido el desmantelamiento del sistema de asilo en una pieza central de su agenda de inmigración, argumentando que está plagado de abusos y reclamos sin mérito. Los cambios incluyen hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos pasan por la corte de inmigración de EU, denegar el asilo a cualquier persona en la frontera mexicana que pase por otro país sin primero buscar protección allí, y repatriar hondureños y salvadoreños a Guatemala con la oportunidad de buscar asilo allí en lugar de en EU.