Con una larga historia de escándalos al más alto nivel, que toca algunos de sus picos con Mario Conde y el desfalco al Banco Español de Crédito en 1993, prosigue con Jesús Gil, exalcalde de Marbella encarcelado en 1999 por malversación, sacude a la monarquía con el caso Nóos, por el que es imputada en 2013 la infanta Cristina de Borbón y acaba de alcanzar a Rodrigo Rato, exvicepresidente segundo del Gobierno y exdirector gerente del FMI, arrestado el 16 de abril por presunto lavado de dinero, España es considerado el país más corrupto de la Unión Europea, lo que confirma un sondeo de la agencia Statista.
Según la encuesta, 63 por ciento de los españoles respondió "si" a la pregunta "¿la corrupción le afecta en su vida cotidiana?", cifra idéntica a la de Grecia y que supera a la de Chipre (51 por ciento), Rumania (en promedio de 40 a 49 por ciento) e Italia (de 30 a 39 por ciento).
Por el contrario, el país donde se considera menor la corrupción es Dinamarca (tres por ciento), seguido por Alemania y Francia, con seis por ciento.
En paralelo, el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos reveló otra encuesta en la que se puntualiza que por ese problema los españoles no son confiables para 49 por ciento de los alemanes, opinión que "sólo" expresaba veinte por ciento en 1996.
Tras la dictadura franquista, que se empeñó durante cuatro décadas en afirmar que "España es diferente", el país "ahora es liberal, mira al exterior, es moderno y democrático. Pero retiene ciertas particularidades. Ahí ocurren cosas que no serían toleradas al norte de los Pirineos. La corrupción ha salpicado el paisaje político desde que se estableció la democracia", resumió The London Economic.
Los escándalos se han repartido entre los dos partidos dominantes después de 1982. El Socialista Obrero Español alentó la expansión del "ladrillo" y de los centros turísticos en la costa del Mediterráneo que dañaron el medio ambiente y atrajeron a mafias internacionales ––rusos, italianos, árabes, colombianos y mexicanos–– además de generar fenómenos tan grotescos, en medio del lujo y del abuso, como el de Gil, quien fundó su propio instituto político para tratar de consolidar su impunidad.
El derechista Partido Popular incumplió su promesa de transparencia; Rato, barajado entre los posibles sucesores de José María Aznar en La Moncloa, ya había sido investigado por fraude durante su gestión en Bankia, la institución financiera que rescató el gobierno del PP en 2012.
El 17 de abril, después del arresto por varias horas de Rato, cientos de manifestantes expresaron su repudio frente a la sede del PP en Madrid; expertos consideran que su caso y otros en curso ––el financiamiento ilegal al PP, que habría incluido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el de la construcción de parques eólicos a cambio de sobornos en Castilla y León–– influirán en las elecciones de fin de año, ante la emergencia de Podemos, el partido antiausteridad que pretende emular a Syriza en Grecia.
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, subrayó que en España "no existe impunidad para el corrupto ni para el delincuente de cuello blanco", lo que se refleja en 5 mil averiguaciones contra delitos económicos y lavado que abarcan a 30 mil personas.