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Congreso de Honduras blinda ley que prohíbe de forma absoluta el aborto

La iniciativa busca bloquear cualquier progreso en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas hondureñas, lo cual va en contra de la vida y la salud, indica diversos organismos.

El Congreso de Honduras aprobó el jueves una enmienda que modifica la Constitución nacional, con la cual se prohíbe y se hace ilegal cualquier forma de interrupción del embarazo en el país.

Se trata de un proyecto conocido como "Escudo contra el aborto en Honduras", presentado el pasado 10 de enero por el diputado y vicepresidente del Congreso nacional, Mario Pérez, el cual está orientado a impedir la legalización del aborto. Este se basa en el principio fundamental del "respeto a la vida".

El proyecto consiste en una reforma al Artículo 67 de la Constitución de la República, con fecha al 11 de enero de 1982 y aún vigente, el cual indica lo siguiente: "ARTICULO 67.- Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley".

Con la reforma del diputado se le agregaría texto que quedaría del siguiente modo:

"Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley. Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario", indica el Semanario Informativo del Congreso Nacional.

Además, se indica que este Artículo sólo puede reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso, y que las disposiciones de esta no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea derogado o modificado por otro precepto constitucional, añade.


Incluso si se hiciera una nueva Constitución, las disposiciones de esta ley serán incorporadas tal como están, a menos que la Asamblea Constituyente decida por unanimidad lo contrario.

El Centro de Derechos de Mujeres, la colectiva local Somos Muchas, el Centro de Derechos Reproductivos y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, así como diversos mecanismos de la ONU, condenaron este proyecto de reforma constitucional, el cual "busca bloquear cualquier progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras".

Este proyecto va en contra de la vida y de la salud de mujeres y niñas, apuntaron, pues este tipo de restricciones aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos clandestinos riesgosos. Y puntualizaron que el bloque no es eficaz en reducir ese tipo de procedimientos.

Honduras es uno de los países más restrictivos del mundo para acceder a servicios de salud reproductiva, castiga con cárcel el aborto en cualquier circunstancia y prohíbe la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia incluso en casos de sobrevivientes de violencia sexual, añaden.

"En Honduras no se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo ni siquiera en las circunstancias mínimas en las que se debe garantizar como cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, el embarazo es producto de violación o incesto, o éste es incompatible con la vida extrauterina", destacaron.

La colectiva Somos Muchas comentó que en redes sociales que el proyecto de Mario Pérez niega que cada año 10 mil mujeres y niñas tengan abortos inseguros. "¿Cuál es la prisa por prohibir algo que ya está prohibido? ¡No se vale tanto odio!", señaló la agrupación en Twitter.

El Centro de Derechos de las Mujeres Honduras promovió una petición en Change.org llamada "Firmas por el derecho a decidir en Honduras", el cual busca visibilizar la situación.

Desde el 15 de enero, la ONU Honduras instó al Congreso Nacional a abstenerse de la aprobación de esta reforma, pues esta profundizaría el problema de salud pública que la penalización del aborto en todas sus modalidades provoca. La reforma también incrementaría la situación de desigualdad y discriminación por razones de género, indicó.

En tanto, Sombrilla CA, una agrupación que reúne organizaciones, publicó este viernes un comunicado firmado por 91 organizaciones de la región que expresa la indignación y rechazo absoluto a la iniciativa.

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