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La ciudadana francesa Florence Cassez, que volvió a casa esta semana después de pasar 7 años encarcelada en México, dijo que fue ingenua al involucrarse con un hombre acusado de dirigir una banda de secuestradores, pero defendió su inocencia.
Cassez comentó que vivía en la finca de su ex novio, donde mantenían en cautiverio a los rehenes, pero no sabía que estaban allí. Al menos una víctima identificó a Cassez como uno de los secuestradores, aunque sólo por su voz.
Cassez, de 38 años, comentó a la televisión BFM que ella pudo haber sido ingenua al involucrarse con Vallarta, pero añadió: "¿Quién a los 30 años no ha tenido una relación como esa?".
La Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación de Cassez por violaciones graves de sus derechos humanos y al debido proceso, incluyendo una recreación de su captura por parte de la policía para que la grabaran los noticieros de televisión.
Los jueces señalaron que las violaciones al debido proceso, al derecho de recibir asistencia consular y a que se recabaran evidencias con apego a la ley fueron tan graves que invalidaron el veredicto original de culpabilidad dictado a Cassez.
El caso ha provocado que los mexicanos se embarquen en una suerte examen de conciencia sobre las deficiencias del sistema judicial del país. Muchos de ellos utilizan la palabra "indignación" para describir su reacción a la orden de liberación.
Y aunque el presidente Enrique Peña Nieto dijo que instruyó al secretario de gobernación (Interior) y al procurador general de la república a fin de que tomen las medidas necesarias para evitar que ocurran casos similares en el futuro, pocos mexicanos creen que se logre un cambio significativo en un sistema en el que se calcula que 98% de los delitos.
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