La directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, confió hoy en que un tribunal de apelaciones revertirá el fallo del juez Andrew Hanen que suspendió las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama.
El Departamento de Justicia apelará el dictamen ante la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, y pedirá la suspensión de la orden a fin de iniciar el proceso de solicitudes para cientos de miles de inmigrantes indocumentados.
"Tenemos confianza de que vamos a tener éxito porque el Departamento de Seguridad tuvo mucho cuidado en formular las acciones ejecutivas", dijo Muñoz en una entrevista con el programa Al Punto de la cadena estadunidense de televisión en español Univisión.
"Hay que apelar, hay que seguir luchando y esta administración, este Departamento de Justicia, este presidente, seguirá luchando", remató.
El magistrado Hanen emitió una orden temporal que suspende las medidas administrativas de Obama previstas a entrar en vigor mañana con una versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y en mayo para adultos o DAPA.
Sin embargo, no tiene incidencia en la versión original de DACA aprobada en 2012 y que ha beneficiado a 620 mil jóvenes indocumentados, incluidos más de medio millón de mexicanos, por lo cual ninguno perderá protección o se verá impedido de buscar su renovación.
El fallo tampoco afecta las nuevas prioridades de la política de deportaciones de la administración Obama, que incluye la remoción de inmigrantes con órdenes de deportación, con antecedentes criminales o de reciente ingreso a través de la frontera.
Muñoz sostuvo que tanto la ley como la historia están del lado de la Casa Blanca en materia de las secciones migratorias.
"Este presidente va a luchar, este es el mismo Departamento de Justicia que luchó contra las leyes de Arizona y Alabama. Están haciendo su trabajo de una manera cuidadosa pero va a ser eficaz", insistió.
Sobre la posibilidad de que la Casa Blanca lleve el caso a la Suprema Corte de Justicia, Muñoz señaló que es necesario esperar a que el proceso se desarrolle en los tribunales de los estados.
"Estamos al nivel de la Corte de Distrito y vamos a ver cuáles decisiones toma este juez y el Departamento de Justicia va a diseñar una estrategia legal basada en las circunstancias", indicó.
Expertos legales coinciden en que la corte de apelaciones del quinto circuito podría demorar cuestión de semanas para determinar si suspende preliminarmente la aplicación del fallo del juez Henen.
Hasta el momento el magistrado de Texas no ha dictaminado sobre los méritos de la demanda de 26 estados del país contra la supuesta extralimitación de los poderes presidenciales de Obama.
Sin embargo, otorgó la suspensión de las acciones ejecutivas migratorias bajo el argumento de que tienen un impacto económico en los presupuestos en los estados demandantes.
La directora legal del Consejo Americano de Inmigración (AIC), Melissa Crow, señaló que si la Corte de Apelaciones otorga la suspensión solicitada por el gobierno federal, tanto DACA como DAPA pueden continuar conforme fue planeado.
En caso de que la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito no acepte los argumentos del gobierno federal para suspender el fallo preliminar del juez Hanen, el proceso podría demorar más tiempo y mantener en suspenso la versión ampliada de DACA y DAPA.
Pero la directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley y Migración, María Elena Hincapié, sostuvo que existen precedentes legales que confirman la disposición de los tribunales de apelaciones a intervenir en iniciativas de ley contra migrantes.
Como ejemplo colocó los procesos legales contra la Ley HB56 de Alabama -una de las más drásticas de Estados Unidos- y contra la ordenanza de la comunidad de Farmers Branch en Texas, que criminalizó la renta de viviendas a indocumentados. Ambas fueron bloqueadas.
"Existe precedente legal amplio, así como procedimental de que esto es algo que se hace regularmente", mencionó Hincapié.
Además, señaló la abogada, hay acuerdo generalizado entre académicos legales, tanto expertos constitucionales como migratorios, que la administración Obama actuó legalmente bajo la autoridad ejecutiva a su disposición.