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Avala Corte de Rusia proceso de adhesión de Crimea

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, solicitó a la Corte Constitucional revisara la legalidad del tratado y que se apegara a la Carta Magna rusa; tras su aprobación se enviará al Parlamento ruso y al crimeo para su ratificación.

MOSCÚ. La Corte Constitucional de Rusia reconoció que el tratado internacional de adhesión de la república de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación de Rusia se enmarca en la Constitución.

El juez magistrado Valeri Zorkin, citado por la agencia rusa de noticias Ria-Novosti, dijo que "el Tribunal Constitucional ha declarado la conformidad de dicho acuerdo con la Carta Magna de Rusia. La resolución se ha dictado de forma unánime".

Este martes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, solicitó a la Corte Constitucional efectuar el procedimiento para examinar la congruencia del tratado con la Carta Magna rusa.

El documento, tras ser revisado por la Corte Constitucional de Rusia, será dirigido al Parlamento ruso y al crimeo para su futura ratificación.

Según comunicó Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de Rusia (la Cámara alta del Parlamento ruso) el tratado de adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia podría ser ratificado por la parte rusa antes de que termine la semana.

Putin y los representantes de las autoridades de Crimea y Sebastopol firmaron este martes el acuerdo sobre la adhesión de la república y de la ciudad federal en calidad de nuevos territorios de la federación.

De acuerdo al procedimiento de admisión y creación de nuevas entidades federadas, el Estado extranjero interesado solicita el ingreso en Rusia mediante firma del respectivo acuerdo bilateral.

El presidente notifica la petición a ambas Cámaras del Parlamento y al Gobierno nacional celebrando consultas en caso necesario.

Tras la suscripción del documento, el jefe de Estado solicita que el Tribunal Constitucional evalúe su legalidad y si la resolución es favorable, remite el tratado al legislativo para su ratificación junto con un proyecto de ley en la que se establece la denominación, el estatus y la delimitación de la entidad federada.

Si ambos documentos son aprobados por el Parlamento, la Carta Magna se completa con la denominación de la nueva región.

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