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La policía en Myanmar presentó nuevos cargos contra la depuesta lideresa Aung San Suu Kyi, según dijo su abogado este martes, lo que permite mantenerla retenida de forma indefinida sin juicio.
Suu Kyi fue acusada de incumplir el Artículo 25 de la Ley de Gestión de Desastres Naturales, que se ha utilizado para procesar a personas que incumplieron las restricciones contra el coronavirus, declaró a la prensa su abogado, Khin Maung Zaw, tras reunirse con un juez en la capital, Naipyidó.
Suu Kyi, que fue derrocada el 1 de febrero en un golpe militar, ya estaba acusada de poseer unos walkie-talkies importados sin registrar.
La pena máxima para el cargo relacionado con la pandemia es de tres años de prisión. Sin embargo, la acusación podría permitir su detención indefinida sin juicio porque un cambio introducido la semana pasada en el Código Penal por la junta militar permite las detenciones sin autorización judicial.
Grupos de manifestantes marcharon en Yangón y otras ciudades el martes en protesta por el golpe y reclamaron que Suu Kyi y miembros de su gobierno derrocado fueran puestos en libertad.
La policía en Yangón cortó la calle ante el Banco Central, donde se han producido protestas entre especulaciones en internet sobre que el Ejército intentaba confiscar dinero.
Varios monjes budistas se manifestaron ante la oficina local de Naciones Unidas.
Las protestas desafiaban una orden que prohíbe las reuniones de cinco personas o más.
Unos 3 mil manifestantes -la mayoría estudiantes- volvieron a tomar las calles de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, con carteles de Suu Kyi y lemas que pedían el regreso de la democracia.
El despliegue de seguridad era discreto, y la mayoría de los policías protegían edificios clave como sucursales de bancos estatales.
Policías y soldados dispersaron el lunes con violencia una concentración de más de mil manifestantes ante el Banco Económico de Myanmar. Atacaron a los manifestantes con tirachinas y palos, y se vio a la policía apuntando armas largas al cielo mientras se oían lo que parecían disparos.
Medios locales señalaron que se habían disparado balas de goma hacia la multitud y varias personas resultaron heridas.
El gobierno ordenó cortar el acceso a internet las noches del domingo y el lunes sin dar una explicación. En las últimas semanas ha impuesto bloqueos selectivos y poco eficaces a plataformas de medios sociales y preparado el borrador de una ley de internet que haría ilegales muchas actividades en la red.
También circulaban especulaciones sobre que el gobierno estaba instalando un sistema de cortafuegos para monitorear o bloquear gran parte o toda la actividad en internet.
Medios estatales aludieron a las protestas de forma indirecta. El periódico Global New Light of Myanmar informó de una reunión del Consejo de Administración Estatal, el nuevo organismo de gobierno, y citó a su jefe, el general Min Aung Hlaing, destacando que las autoridades "gestionan los problemas actuales con cuidado".
Indicó que el consejo planteó emprender acciones legales contra los manifestantes, proporcionar "auténtica información" a los medios y reanudar el transporte público, una aparente referencia a las huelgas y demoras en los servicios lideradas por camioneros y trabajadores de la red pública ferroviaria.
El diario también expuso que los miembros del consejo habían hablado sobre tomar medidas contra un "gobierno paralelo" establecido por algunos de los legisladores electos de la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Suu Kyi, a los que se impidió asumir sus escaños cuando el Ejército frustró la apertura del curso legislativo el 1 de febrero.