CARACAS. El jurista venezolano Pedro Nikken, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Políticas (ANCJP), acusó hoy de "terrorismo de Estado" al gobierno de Nicolás Maduro.
"Prácticamente nunca hay una sentencia contra el interés político del gobierno y cuando la hay, el juez es destituido, es suspendido o, como ocurrió con la doctora (María Lourdes) Afiuni, es denunciada y llevada a la cárcel de una manera absolutamente arbitraria", recalcó.
Esta forma de presionar a los jueces, subrayó Nikken, constituye una práctica de "terrorismo de Estado" que causa que un buen sector de la población desconfíe de los poderes públicos ya que deja de asociarlos con la impartición de justicia.
Nikken, un abogado constitucionalista, señaló que en la reciente destitución de dos alcaldes opositores por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se cometieron violaciones al estado de derecho y abusos de poder.
"En los procesos contra los alcaldes particularmente se han ignorado de manera escandalosa reglas fundamentales del debido proceso, de la presunción de inocencia, de los derechos a las personas a las que se les imputa un delito. Realmente ha sido el descuido más absoluto", dijo.
Además, criticó "la autoproclamada omnipotencia de la Sala Constitucional (del TSJ) para ignorar los límites que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales le imponen al poder punitivo del Estado".
El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) advirtió que el gobierno presiona a los jueces para que fallen en su favor so pena de ser destituidos, enjuiciados o incluso encarcelados.
Nikken recordó que en un comunicado de la academia, se criticó que el TSJ haya destituido y condenado a prisión a dos alcaldes opositores que fueron electos en diciembre y, de igual manera, haya avalado el desafuero a la diputada opositora María Corina Machado.
La academia indicó en su momento que estas últimas decisiones "han revelado claramente que Venezuela ha dejado de ser un Estado Constitucional", ya que los poderes públicos carecen de independencia y responden a los designios del Ejecutivo.
Nikken consideró que las protestas antigubernamentales de los últimos dos meses, que han causado 41 fallecidos y centenares de heridos, se pueden atribuir a la falta de confianza de la población hacia las instituciones para resolver los conflictos.
"Las protestas que estamos viendo o cualquier otra forma de desobediencia o de rebeldía frente a unas instituciones cooptadas, son esperables y yo diría que hasta cierto punto, lógicas", comentó el ex asesor jurídico de la Organización de Naciones Unidas (ONU).